Editorial
Todo asedio contra el relevo de cortes es ilícito
Cada diputado debe saber que su nombre figurará en la votación de cada perfil y ese voto marcará sus nexos, filiaciones y credibilidad por los próximos tres años.
Nadie quedó completamente satisfecho con el ya concluido proceso de postulación de nóminas de magistrados para Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, las cuales obran ya en poder el Congreso, que debe hacer la designación final para cumplir con el plazo constitucional del próximo 13 de octubre, refrendado por la CC. Sin embargo, con todo y sus bemoles —o estridencias, como la descarada y maliciosa dilación impuesta por un combo de postuladores claramente coligados—, el proceso ha tenido mayor exposición y auditoría ciudadana en tiempo real, al menos si se le compara con sus similares del 2014 o el desastroso 2019.
Fue tal la desfachatez en 2019 que hubo romerías de diputados, postuladores y postulados a los pies de traficantes de influencias, lo cual originó el caso llamado Comisiones Paralelas, el cual, a pesar de los indicios, se le fue cayendo en pedazos al Ministerio Público por diversas causas, con varios de esos operadores absueltos o simplemente impunes. De haberse logrado un precedente judicial ejemplar en este caso, habría obligado a correcciones y recatos, pero los reveses a la Fiscalía por parte de la CC y jueces dejaron la causa prácticamente sin asideros y con varios acusados libres de culpa. Cualquier parecido con otros casos sonados de corrupción es pura coincidencia.
En fin, nadie está del todo satisfecho con los listados, y menos aún lo están ciertos grupos, ligas, traficantes de favores y entidades que no lograron colar ni un alfil —o más bien peón— en las listas, y si lo hicieron, ahora pujan por votos en el hemiciclo a través de ángeles mensajeros que se creen invisibles. El cambio de escenario político desde 2023 y la fragmentación de bancadas por mudas en alicientes marcarán la selección final.
“Actuar con prudencia y proporcionalidad en las resoluciones que emitan con incidencia en este proceso a efecto de evitar obstaculizaciones, paralización o dilaciones” fue la conminatoria —no una petición, no una exhortativa, no una sugerencia, sino una orden taxativa— que emitió la Corte de Constitucionalidad al desechar una paca de amparos espurios que ponían en riesgo el cumplimiento del plazo perentorio establecido por ese mismo tribunal para que el relevo de magistraturas de CSJ y Apelaciones ocurra el 13 de octubre de 2024, en 10 días calendario.
La búsqueda de acuerdos legislativos se aceleró esta semana y se espera para hoy el inicio de las designaciones en el Hemiciclo. Seguro se han dado negociaciones en mesas o privados de restaurantes, oficinas invisibles y hasta por llamadas. Pero cada diputado debe saber que su nombre figurará en la votación de cada perfil y ese voto marcará sus nexos, filiaciones y credibilidad por los próximos tres años. Por eso, lo más sensato y aconsejable es priorizar dentro de sus criterios la idoneidad y la evaluación de potenciales conflictos de intereses de aspirantes. En la selección de la postuladora hubo funcionarios o parientes de allegados y subalternos que no consiguieron ni un solo voto, evidencia de cómo el sentido crítico pesó, fruto de la convicción de comisionados y del acompañamiento ciudadano.
Una criba similar debe ocurrir ahora en el Hemiciclo, sin cejar ante coerciones subrepticias, que en todo caso serían punibles, dada la resolución de la CC. La designación de futuras autoridades de Justicia no es un tema político, sino de credibilidad del estado de Derecho, certeza jurídica y, sobre todo, seguridad para el ciudadano de que sus garantías serán siempre respetadas. Y es allí donde algunos magistrados en lista ya tropezaron y perdieron la presunción de idoneidad.
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