Editorial
Solo rigor legal frenará asedio al Roosevelt
El asedio al Roosevelt debe cortarse de tajo con precedentes procesales certeros y toda laxitud judicial debe ser denunciada.
Las amenazas de muerte contra personal y practicantes del Hospital Roosevelt tienen el obvio y perverso fin de interrumpir la prestación de un servicio vital, de impedir la prestación de un derecho constitucional y, por lo tanto, deben ser investigadas con celeridad por la Policía Nacional Civil, a fin de capturar a los involucrados, materiales e intelectuales. No está de más señalar la necesidad de que también intervenga el Ministerio Público. Si para otras situaciones de impacto más bien político precipita y publicita movilizaciones, bien podría actuar de forma oportuna para garantizar la vida y la salud de la ciudadanía y del personal hospitalario ante un sintomático asedio criminal.
Existen múltiples factores e intereses creados que inciden en la inseguridad de este sector, en el cual se concentra el acceso a la emergencia hospitalaria, a la maternidad y al área de consulta externa —ahora cerrada por decisión de médicos—. Recientes decisiones de restringir el acceso y movilización de personas ajenas a la actividad hospitalaria, en concreto de extorsionistas cuidadores de vehículos, se encuentran dentro del contexto de esta crisis en el sector. Así también, desde el 2016 se ha intentado desalojar o al menos poner orden a vendedores ambulantes que instalan ventas de comida en los alrededores, pero todo termina a medias, lo cual es lo mismo que nada.
Es necesaria una intervención integral y permanente en este espacio público para poder garantizar la seguridad de quienes acceden a él, ya sean trabajadores, pacientes o familiares. Si acaso existen permisos para instalar negocios, estos deben ser bajo modalidad de inquilinato, no propiedad de facto y ocupación ilegal, con un registro obligatorio de personas responsables que deben colaborar con la seguridad perimetral. De no ser aceptado, sería indicio de otros fines ajenos.
También hay un problema atávico, que ha dejado violentos sucesos armados en el nosocomio: el traslado de reclusos, incluidos sanguinarios pandilleros, para tratamiento médico. En el 2016 hubo un mortífero tiroteo para liberar a un pandillero. Esto se facilita por órdenes de jueces que de seguro nunca acuden a un hospital público, pero exponen a la ciudadanía a este peligro. Dicha remisión de “pacientes” debería tener una cuentadancia pública sobre criterios y frecuencia de casos. Hay reportes de presos que se provocan heridas o ingieren sustancias para buscar “tratamiento”, una perversión del derecho a la salud. Estas visitas amañadas sirven para contactar cómplices, recibir objetos o coordinar represalias. Ello explicaría cómo la protesta de los facultativos ha sido respondida con más amenazas contra ellos y otros salubristas.
En esta emergencia de salud y seguridad es clave inquirir sobre la vía con la cual los criminales, pues no se les puede llamar de otra forma, han obtenido los números telefónicos de médicos y practicantes. No sería descabellado pensar en infiltración de cómplices o la colaboración de ciertos empleados que tengan acceso a esa data. Los propios médicos y practicantes deben utilizar sus círculos de confianza y dar números “señuelo” para detectar sospechosos e informarlo a las autoridades.
Existe la posibilidad de que la campaña de terror psicológico tenga fines de desgaste para el Gobierno, la cartera de Salud y el gabinete de seguridad, pero aun si así fuera, no hay excusa para no actuar con firmeza en favor de la ciudadanía, de los profesionales de la salud, y cumplir así con sus obligaciones voluntariamente aceptadas. El asedio al Roosevelt debe cortarse de tajo con precedentes procesales certeros y toda laxitud judicial debe ser denunciada.
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