Ninguna persona en su sano juicio haría trato con un albañil para que a los pocos días abandone la obra y se pase a la calle de enfrente a construir otra vivienda, de otra persona, sin dar mayor explicación. Nadie contrataría un abogado con la finalidad de que lo represente en un caso importante, y al poco tiempo dicha persona abandone sin justificación la defensa para pasarse a servir a alguien más.

Muy similar es la treta que han montado, no solo una, sino en repetidas ocasiones, los diputados tránsfugas, que por estos días vuelven a invadir la vía pública con sus afiches en busca de un nuevo período en el Congreso, ya sea como representantes distritales o por listado nacional, acaparando la primera o segunda casilla a fin de asegurarse otro período. Cambiaron de bancada una, dos o más veces en un afán por mantener sus prebendas, por negociar su voto, que en realidad no les pertenece, sino a los ciudadanos que votaron por ellos en el 2015.

Existen casos lamentables de legisladores que llevan cuatro, cinco y hasta seis sellos partidarios sobre sí, sin importar coherencia ideológica o los intereses de sus electores; hay representantes distritales que se han olvidado de sus regiones a lo largo de tres años para plegarse a pactos y componendas miopes; se conocen, por nombre, los casos de diputados y diputadas que empezaron de un color y terminaron de otro.

El problema con el transfuguismo radica en que sus adeptos no tienen calidad moral para sostener valores coherentes, ya que demostrado está que no actúan de acuerdo a las necesidades de sus comunidades ni en la vía de construir un estado de Derecho fortalecido. Se pliegan a negociaciones convenencieras, se inclinan ante caudillos desfasados, se ofuscan cuando se les cuestiona y se valen de alambicadas justificaciones para pasarse a otro equipo. Discursos de nacionalismo y progreso, de amor a su departamento y municipio no constituyen prueba de su fidelidad, puesto que para eso tuvieron los 39 meses anteriores. No trabajaron en una Ley de Servicio Civil, no impulsaron una ley de aguas, no continuaron la depuración de plazas fantasma en el Estado, no aprobaron las reformas electorales exigidas por los guatemaltecos y en su lugar urdieron un constructo incoherente con el cual creyeron salvar las apariencias. Lo que sí hicieron muchos tránsfugas fue apoyar un pacto de impunidad en septiembre del 2017, que brindaba excarcelación a culpables de 400 delitos y que fue revertido gracias a la protesta oportuna de los ciudadanos.

Seguramente hacen falta más cambios y procesos electorales para lograr un Congreso digno; es probable que figuras cuestionadas vuelvan a obtener una curul debido a que negociaron la primera casilla de los listados. No obstante, existe una vía mediante la cual el ciudadano digno puede contribuir con la depuración: su voto.

En lugar de elegir a su diputado distrital por su publicidad o por endoso de la preferencia de otras figuras, la ciudadanía debe tener un primer criterio: rechazar a los tránsfugas de cualquier color y para manifestarse tiene en la mano la posibilidad de echarles en cara su indolencia.

El transfuguismo es un mal que se ha acendrado y que constituye un tumor ético para el poder Legislativo. Se fundamenta en legalismos y es por ello que varios de estos personajes señalados apelaron la decisión del Registro de Ciudadanos, que había rechazado su inscripción. De inmediato invocaron su derecho de elegir y ser electos, y el TSE cedió, aunque hay impugnaciones. Afortunadamente estar inscritos no obliga a ningún votante a reelegirlos. Precisamente por eso el voto de presidente, diputados y alcaldes se hace por separado, para poder examinar nombres y hechos. Guatemala no está en condiciones de tolerar más timos a su decisión libre y soberana.