Durante los años más cruentos del conflicto armado interno se produjo un éxodo de guatemaltecos, sobre todo del occidente del territorio nacional, que huían para salvar la vida de aquel enfrentamiento en el cual el objetivo de acabar con el rival llegó a ser indiscriminado y llevó a los bandos a atacar a poblados civiles. El retorno a la democracia no detuvo la salida de guatemaltecos quienes no encontraron en el país la oportunidad de lograr lógicos objetivos de bienestar y desarrollo.

Los planes de gobierno se han visto eclipsados, desde hace tres décadas, por los intereses de personas o grupos que buscan beneficiarse del erario, aprovechando los vacíos legales, las debilidades institucionales y las componendas políticas. La salida de guatemaltecos con rumbo a Estados Unidos continuó. Arrancó el segundo milenio hace 20 años y los gobiernos han llegado, a través del voto popular, prácticamente bajo las mismas promesas: mejorar seguridad pública, generar empleo, impulsar la educación y desde hace una década, programas asistencialistas. No obstante, los indicadores de desarrollo humano se han quedado varados, las cifras de desnutrición crónica están en los más bajos niveles de la región, los egresados del sistema educativo no tienen las competencias requeridas por los empleadores, flagelos como las extorsiones continúan impunes desde las prisiones y la entrega de víveres, fertilizantes o bonos se efectúa bajo la sombra de la ineficiencia, el clientelismo y el aprovechamiento electorero.

Tan solo en abril último, autoridades fronterizas de Estados Unidos reportaron la captura de más de 90 mil guatemaltecos, incluyendo familias, cifra que marcó un nuevo pico en las estadísticas de esta tragedia humana que alarmó a la potencia del norte, sobre todo cuando surgieron las sonadas caravanas de migrantes hondureños y salvadoreños.

Por si fuera poco, la posición geoestratégica del Triángulo del Norte lo convierte en sitio de ilegal escala para grupos del narcotráfico, que utilizan aviones viejos y desechables para trasladar cargamentos voluminosos hacia zonas remotas, con el afán de continuar el trasiego por áreas costeras o puntos ciegos, lo cual conlleva el intento por copar, influir o intimidar a autoridades locales, que dejan de cumplir con la misión para la cual fueron electos. Para mayor vergüenza del sistema político actual, hay un expresidenciable detenido por vínculos con el narco, un excandidato a diputado por Retalhuleu que será extraditado a EE. UU. por estos cargos. Así también hay un diputado convicto por este delito, pero que aspira a la reelección, y que figura en una lista del Departamento de Estado junto a otros 26 guatemaltecos señalados de favorecer la corrupción.

Hoy llega al país el secretario de Seguridad Interior de EE. UU., John McCaleenan, con la vista puesta en el objetivo de frenar el éxodo migratorio, que constituye un fenómeno preocupante. Se reunirá con autoridades locales, que, tal como lo señaló un informe del Congreso de su país la semana recién pasada, han puesto obstáculos a la lucha anticorrupción, a la vez que han preferido callar y no exigir justicia ante las muertes de niños migrantes para no desgastar la supuesta aveniencia diplomática lograda con el gobierno de Donad Trump. Si la corrupción descarrila planes de desarrollo y con ello genera más migrantes, lo más lógico es que la superpotencia, urgida ya por la crisis humanitaria en su frontera, presione aún más para combatir este ignominioso azote público, caiga quien caiga.