Durante unas 12 horas, más de 30 carreteras principales y secundarias del país fueron paralizadas por un grupo de pilotos y empresarios del transporte de pasajeros y de carga que mediante el chantaje, y vedando al resto de los guatemaltecos la libertad de acción, locomoción, comercio, industria y trabajo, intentan que el Gobierno derogue el reglamento para la contratación del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga.

Mucho se ha escrito y dicho sobre el bloqueo de carreteras para expresar inconformidades, y si bien es primordial para una democracia preservar el derecho a la libre manifestación, el uso razonable de ese derecho debe prevalecer, sobre todo cuando este ocasiona un daño a la mayoría y más aún cuando se podría apelar a la mediación y el diálogo constructivos para solucionar un problema.

Son indignantes las imágenes de los inconformes jugando futbol en medio de la ruta Interamericana o la ruta al Pacífico con largas filas de vehículos como fondo, igual de penosa es la historia de una madre en Huehuetenango que no logró llegar al hospital local para dar a luz, poniendo en riesgo su vida y la de su bebé. Pero estos hechos no son ninguna sorpresa, pues la mayoría de los guatemaltecos han tenido que sufrir en los cientos de bloqueos que han ocurrido en los últimos años.

La capacidad de negociación y la voluntad de diálogo por parte del Gobierno se pone en entredicho, una vez más, con hechos como el de ayer, porque la mayoría de la población, por diversas vías ha manifestado su descontento con este tipo de medidas de presión que no conducen al fin de los conflictos.

Los bloqueos de ayer estaban más que anunciados, y a la fecha es prácticamente nula, o al menos no se conoce, la estrategia del Gobierno para escuchar a todos los sectores pertinentes y representativos, negociar con ellos y solucionar la discrepancia que ha generado la contratación obligatoria de los seguros.

Si bien el diálogo no es una panacea para resolver todas las crisis, sí representa una herramienta para los hacedores de políticas públicas, que deben poner énfasis en una perspectiva de largo plazo y no enfocarse en los síntomas más que en las causas fundamentales de los problemas.

Solo así se podrá pasar a la negociación para alcanzar objetivos concretos y sostenibles, pues de nada sirve que las autoridades sigan otorgando prórrogas, aunque peor sería derogar la normativa, lo cual sería contraproducente para el estado de Derecho, y muy dañino para los intentos que se hacen desde diversas instancias para paliar, de alguna forma, el daño moral y físico que ocasionan los accidentes en donde se ven involucrados transportistas de carga o de pasajeros y que en los últimos cinco meses han dejado 167 muertos.

No atajar de raíz este problema solo hará que la mayoría de los guatemaltecos, en cualquier momento, vuelva a ser presa de acciones por parte de los inconformes, que si bien argumentan no querer acatar la ley porque les afecta económicamente, no consideran que a la larga el daño económico y social que causan es mucho mayor para el país.