EDITORIAL
Seguridad portuaria no debe afectar eficiencia
El narcotráfico no es el único tipo de riesgo en los puertos, pues también existen grupos dedicados al contrabando de armas o mercancías, así como a la trata de personas.
Está por cumplirse un mes de la publicación y puesta en vigencia de la Ley de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional, por medio de la cual se busca asegurar la seguridad de puertos y el cumplimiento de estándares internacionales de este tipo de instalaciones, en favor de su eficiencia e integridad de procesos. Según la norma, esta autoridad designada recae en la Comisión Portuaria Nacional y se integra con delegados de los ministerios de Comunicaciones y Economía, la Superintendencia de Administración Tributaria, los puertos Quetzal y Santo Tomás, la terminal ferroviaria de Puerto Barrios, el Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala y la Asociación de Navieros de Guatemala, todos en cargos honorarios. Y si se abordan asuntos de seguridad nacional se “invitará” —ese es el verbo usado— a las carteras de Defensa y Gobernación.
La necesidad de reforzar los protocolos de actividad portuaria se confirma con la intercepción en República Dominicana de un contenedor con un cargamento de banano, en el cual se halló un alijo de cocaína. Las autoridades dominicanas señalaron desde el inicio su proveniencia desde Guatemala, pese a que investigaban la posible participación de personal del puerto de Caicedo. Ayer trascendió en medios de ese país la detención de unos 10 trabajadores portuarios locales. Lo extraño es que el cargamento de más de 9,500 kilos, es decir el cuerpo del delito, fue incinerado el lunes último.
Las autoridades guatemaltecas y hondureñas —donde el buque estuvo en tránsito— negaron la “contaminación” del furgón con droga en sus respectivas jurisdicciones. Pero el desafío no solo está en el suceso, sino en el futuro de la actividad portuaria, en donde alta seguridad y eficiencia necesitan coexistir.
Es allí donde entra la función de la Ley Portuaria, decreto 26-2024, que establece la creación de una Política Nacional de Desarrollo Portuario, que implica evaluar el estado actual y necesidades de inversión, velar por la mejora constante en la eficiencia y competitividad de los puertos nacionales, así como por el cumplimiento del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias, adoptado hace 20 años por la Organización Marítima Internacional (OMI) para detectar o evitar amenazas de acciones terroristas o utilización de áreas portuarias para fines relacionados con esta clase de grupos.
En efecto, el narcotráfico no es el único tipo de riesgo en los puertos, pues también existen grupos dedicados al contrabando de armas o mercancías, así como a la trata de personas. Aun así, la Ley Portuaria tardó casi cinco años en ser aprobada y durante la anterior legislatura fue literalmente ninguneada. Ahora que ya existe este instrumento, se debe fortalecer la institucionalidad y garantizar la seguridad integral, sin que esto implique reducción de la eficiencia. Por el contrario, los protocolos de acción y reacción deben elevar su nivel de exigencia. La mencionada norma contempla incluso sanciones en caso de incumplimientos o conductas que comprometan la funcionalidad portuaria. En otras palabras, el incidente dominicano debe generar una mayor convicción por elevar constantemente los estándares de seguridad, potenciar el uso de tecnología y eliminar cualquier resquicio de vulnerabilidad. De hecho, uno de los aspectos más interesantes de la norma es la creación del Registro Nacional Portuario, el cual contendrá la información de personal vinculado con este tipo de operaciones, para prevenir infiltraciones, simulaciones e incluso “apagones” que otrora impedían la revisión no invasiva de furgones.
ESCRITO POR:
