Secta se tropieza con sus contradicciones
Ningún delito contra menores o en menoscabo de la dignidad o libertad de cualquier persona puede justificarse nunca, bajo ninguna creencia.
La libertad de religión y conciencia se establece en la Declaración Universal y en la Declaración Americana de Derechos Humanos. Esta última sentencia: “Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias”. La palabra clave aquí es libertad. Pero en otro punto señala: “La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás”.
Mucha tinta y pixeles han corrido desde el 20 de diciembre, cuando se efectuó un operativo de rescate de 160 menores, hijos de miembros de la secta denominada Lev Tahor, que se proclama de tradición judía ultraortodoxa pero no es avalada por la Comunidad Judía de Guatemala, que se deslindó de sus costumbres y prácticas, entre las cuales figuran casamientos de niños. El Ministerio Público señaló denuncias de “trata de personas en la modalidad de embarazo forzado, maltrato contra personas menores de edad y violación”.
Adultos integrantes de la secta han protestado para exigir que les devuelvan a sus hijos. En este proceso se ha revelado que varios de los menores ni siquiera “existen” legalmente, al carecer de inscripción en el Registro Nacional de las Personas. Ello deviene de una postura radical de no reconocer ninguna autoridad sino la de Dios o la de dirigentes. Esto mismo se arguye como excusa para otras prácticas claramente nocivas para la salud física y mental de los menores, o denigrantes para la dignidad de las mujeres, que se niegan a colaborar con trabajadores de los albergues donde cuidan y alimentan a los niños.
En tres ocasiones se trató de notificar a integrantes de Lev Tahor, supuestos padres, para comprobar su parentesco consanguíneo con los menores, a través de la documentación respectiva. Todas las entidades involucradas, entre ellas la Procuraduría General de la Nación y el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez, se encuentran en el proceso de dirimir el mejor futuro para estos pequeños, en condiciones de seguridad para su crecimiento integral. En algún punto, los miembros de dicha comunidad trataron de mostrar el caso como un asunto de intolerancia religiosa, pero cada vez afloran más indicios que demuestran las contradicciones y posibles transgresiones contra el ordenamiento jurídico guatemalteco.
La secta en cuestión ha pasado por varios países, incluyendo Estados Unidos. En la década 1990, su fundador fue arrestado y condenado por el secuestro de un adolescente. Tras salir de prisión fue deportado a Israel, de donde salió hacia Canadá para formar de nuevo la comunidad. Allí fueron acusados de negligencia infantil por los servicios sociales canadienses, debido a descuidos en la salud, higiene y formación de los niños. Para eludir tales controles —totalmente lógicos y lícitos por el interés superior de los menores— se cambiaban de país.
Así llegaron a Guatemala en 2014 e intentaron asentarse en San Juan La Laguna, Sololá, pero la población los rechazó. Terminaron en un terreno de Oratorio, Santa Rosa, donde todas las familias vivían en una galera. Ayer fue detenido en la zona 1 capitalina un líder de la secta, con solicitud de extradición de México, por un caso de presunta trata de personas abierto desde el 2022. Ningún delito contra menores o en menoscabo de la dignidad o libertad de cualquier persona puede justificarse nunca, bajo ninguna creencia.
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