EDITORIAL
Secretismos son nocivos, obtusos e improcedentes
La Constitución establece taxativamente que solo los asuntos de seguridad nacional pueden ser declarados confidenciales.
Hay personajes que no distinguen el ámbito público del privado, por ignorancia, negligencia o incapacidad. Hay politiqueros abusivos que, ilusamente, creen tener la potestad de tender una cortina de secretismo sobre asuntos que son obviamente públicos, por el hecho de involucrar al erario y porque ellos mismos se propusieron como representantes del público. Hay personas en cargos estatales —concejales, alcaldes, diputados e incluso magistrados— que anhelan estar exentos —pero no lo están— de la rendición de cuentas sobre compras, contrataciones de personal y adjudicaciones de proyectos, por lo cual —en total contravención de los artículos 30 y 35 constitucionales— imponen restricciones ridículas, obtusas e inviables.
Este proceder maquiavélico —porque no se le puede calificar de otra manera— es recurrente, pero no por ello menos repudiable en cada intento. Es irónico, por no decir bochornoso, que en tiempos de campaña electoral, cualquier aspirante a alcalde, concejal o síndico reclama la publicidad de los gastos locales de la autoridad en turno, pero una vez electos, las arengas se vuelven excusas y las exigencias son pero de silencio a las críticas, a las denuncias y a los requerimientos de datos.
Un caso paradigmático de ese quiebre entre deber y hacer, entre obligación y capricho, fue la absurda decisión de la Comisión de Asuntos Municipales, presidida por el diputado Esduin Javier, del partido Cambio, fundado por los hijos de Manuel Baldizón, al desechar la iniciativa que avalaría la transmisión en directo de las sesiones de concejos. En algunas comunas, opositores difundieron en redes sociales polémicas sesiones, lo cual fue bloqueado por acuerdos sometidos a votación local o invocando la Ley de Femicidio, siguiendo el ejemplo de exfuncionarias, políticas y juezas que pervirtieron la normativa para acallar críticas.
Cabe recordar que el diputado Javier, cuando fue alcalde de Ipala, transmitía de todo en redes sociales, incluidas sus necesidades fisiológicas, que por elemental pudor e irrelevancia son del ámbito privado. Él y otros diputados de la Comisión de Asuntos Municipales atentan contra el derecho ciudadano a la información pública. El artículo 30 constitucional dice: “Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten…”. Nótese la acotación en cualquier tiempo.
Podría decirse que la poca base académica es una causa de tales desatinos, pero los magistrados de la Corte de Constitucionalidad —sí, el máximo tribunal del país— se recetaron una declaratoria de secretismo sobre la compra de vehículos todoterreno de lujo blindados por más de Q6 millones. Si los necesitan para proteger su integridad, que tengan el valor civil de declararlo a quien supuestamente sirven: a la ciudadanía que va a pie, en moto, en carro, sin escolta policial ni guardaespaldas ni piloto, pero que generan el dinero público que ejecutan.
La Constitución establece taxativamente que solo los asuntos de seguridad nacional pueden ser declarados confidenciales, por su propia naturaleza. Y, aun así, se han registrado extralimitaciones. Si los propios depositarios de confianza pública den el mal ejemplo, qué se puede esperar de sindicalistas oscuros que exigen por la fuerza pactos colectivos negociados a escondidas o como el rector de la Usac, cuando propugnaba por que la votación para elegir presidentes de las postuladoras de magistrados se desarrollara en secreto. Menos mal, primó la dignidad y la entereza entre los rectores universitarios, que efectuaron la votación de manera pública.
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