Salió muy cara esta camada de diputados
Salió cara esta camada de diputados, cada vez más discrecionales, desconsiderados y prepotentes.
Por más que la décima legislatura y muchos de sus diputados presuman de haber aprobado 36 decretos —algunos de ellos, largamente relegados, pero no necesariamente por ello bien logrados—, tal rendimiento dista mucho de ser calificado como aceptable, sobre todo, si se toma en cuenta la jugada artera con que despidieron el año: recetarse un aumento de sueldo a sabiendas de la previsible desaprobación de la ciudadanía a la cual dicen representar. Los decretos salieron mucho más onerosos de lo necesario, y lo único rescatable es tener el retrato de cuerpo completo de 87 oportunistas, desconsiderados, hambreadores del pueblo.
Para cometer esta tropelía usaron el viejo y doloso truco de incluir una enmienda de último momento a altas horas de la noche: solo esa circunstancia denota perversidad y plena conciencia del repudio popular a tal imposición, abyecta e inmoderada, sobre los tributantes: pasadas las 23 horas del 27 de noviembre se presentó la enmienda encabezada por firmas de Adolfo Quezada, de la UNE, y Luis Aguirre, de Cabal, para aumentarse el salario y autorrecetarse prestaciones. Ochenta y siete diputados votaron a favor de esta abusivez, con nocturnidad y alevosía. El resto se lavó las manos, se hicieron los desentendidos. Unos cuantos protestaron en los días siguientes, pero también cobrarán el aumento, si es que este sobrevive el generalizado repudio que debe desatarse en este enero del 2025.
Algunos recursos fueron interpuestos ante la Corte de Constitucionalidad, que tuvo en sus manos la posibilidad de frenar el inicuo paquete junto con las injustificables prestaciones. Sin embargo, la CC volvió a fallar a medias: suspendió la indemnización, pero dejó vigente el incremento de marras, pese a su obvia improcedencia y lesividad.
Pero existe otra iniciativa de ley tan pérfida como el autoaumento. De hecho, se trata de otro aumento, pero a la discrecionalidad, el descontrol, la porosidad a los dineros malhabidos y a la influencia de mafias criminales: la propuesta de nuevas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Ya se sabe que existen verdaderas joyas que solo llegan a jinetear la curul en favor de aviesos intereses, pero tales figurones no podrían “pasar de zope a gavilán” sin el aval de dirigencias partidarias, pactos oscuros y convenencierismos que arrollan al bien común.
Los cambios propuestos son una traición a las sugerencias expresadas en las mesas de discusión convocadas por el Tribunal Supremo Electoral hace un año y, en general, a toda expectativa de exigencia de probidad en los partidos políticos. Pretende la “Comisión de Asuntos Electorales” (sí, las comillas son intencionales) que se reduzcan los controles del financiamiento de las organizaciones y que el Tribunal Supremo Electoral no tenga herramientas para cuestionar el origen de los recursos. La iniciativa —que también fue enviada a escondidas para que se agende en el pleno— debe ser objeto del más amplio y riguroso escrutinio público, artículo por artículo, antes de llegar al hemiciclo.
Es curioso el silencio de secretarios y secretarias de partidos acerca del proceder de sus correligionarios; de pronto desaparecieron todos aquellos que vociferaban “Patria, legalidad, transparencia, probidad” y otros conceptos muy socorridos en campaña. También guardan silencio acerca de la rapacería avalada el 27 de noviembre, y que también implica a sus símbolos, desmiente supuestos idearios y socava ulteriores aspiraciones. Salió cara esta camada de diputados, cada vez más discrecionales, desconsiderados y prepotentes: características todas de la llamada vieja política.
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