EDITORIAL
Sale cara la Corte Suprema oncemesina
La renovación de cinco años más en el cargo para un juez polémico figura entre los puntos de discordia.
Guardaron silencio junto a toda la nómina de postulación 2019 durante los cuatro años de atraso en la elección de cortes. No dijeron nada cuando ya el oficialismo previo y adláteres tenían la posibilidad —y la obligación— de elegir magistrados, pero, timoratos, se plegaron a las andanzas en curso y con su mutis avalaron los cuatro años extra de la CSJ del PP y Líder. Fue la inercia de un lustro a punto de vencer la que movió a la CC a pronunciarse, hace un año, para empujar tan gorda obligación legislativa. Y así fueron electos los actuales magistrados de la CSJ para un período menor a 11 meses. Un abogadillo cerril intentó —mas no consiguió— convertirlos en un período completo de cinco años con su torcida varita güizachezca.
El primer amotinamiento conocido de 12 magistrados contra el actual presidente de la Corte, Óscar Cruz, ocurrió cuando este no avaló el uso de las instalaciones del OJ para el trabajo de las postuladoras. Allí empezó a notarse la calaña intrigosa de ciertos comisionados y hasta una tácita avidez de la actual CSJ por prolongar sus funciones ante un hipotético atraso en las postulaciones. Todo el proceso finalmente se desarrolló en el campus landivariano, con libre acceso a la prensa y a la ciudadanía, y no en el Palacio de Justicia, como pretendía un combo de magistrados —en busca de reelección— y ciertos delegados alineados del Colegio de Abogados.
El último pleno de la CSJ oncemesina devino en reyerta verbal, en la cual el presidente Cruz abandonó el pleno, según acusan otros magistrados, cuando se discutían puntos de acta pendientes. La renovación de cinco años más en el cargo para un juez polémico figura entre los puntos de discordia. Cruz niega haberlo avalado, pero las actas reflejan otra cosa. Arguye que fueron falsificadas y magistrados le reclaman que lo demuestre.
Algo parecido hace Cruz al cargar sobre las espaldas de los guatemaltecos un gasto adicional de Q845 millones, al decretar un aumento de 10% a empleados del OJ: toda una maroma populista de última hora que prácticamente ya no le correspondía por estar a las puertas de entregar la presidencia de dicho organismo. Decimos que hace algo parecido, pues en lugar de cargar con el peso de tal incremento de gasto, endilga la responsabilidad a un “estudio” presentado “por la Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia Financiera”.
Pero no se crea que por eso pelearon los otros 12 magistrados. El aparente motivo de la disputa final fue un privilegio que también pesará sobre los bolsillos del ciudadano: siguiendo el pésimo ejemplo de la CSJ de los nueve años, la CSJ oncemesina decidió recetarse pilotos y guardias de seguridad en dos turnos de aquí hasta el 2029 —a un costo de Q32 millones—. Cada exmagistrado tendrá este beneficio, supuestamente por la inseguridad ciudadana: una total burla al guatemalteco de a pie, sobre todo si se toman en cuenta resultados de procesos judiciales que terminan en absoluciones, excarcelaciones de bandas criminales y condenas irrisorias.
La CSJ publicó un comunicado en el que presenta sus “logros” durante los 11 meses, y solo vale decir que no se les puede felicitar por ejercer una función para la cual se postularon libre y voluntariamente. Nadie los obligó a ser magistrados y, por lo tanto, cualquier asomo de buena gestión es su simple y llana obligación. De eso a querer quedarse hasta con el vuelto del mandado y de afanarse por pasar como próceres con dinero ajeno hay mucho trecho. Y eso que no estamos mencionando el ridículo plazo de un año para resolver una casación de prisión preventiva que al parecer les ganó la reelección a dos magistrados de la CSJ oncemesina que ahora gozarán de su lustro.
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