En lo que va del año, los combustibles han tenido un alza constante que lleva ya a un punto de desesperación a propietarios de vehículos de todo tipo. Quienes se dedican al transporte de personas y mercancías han comenzado a exhibir en público su reclamo por los altos costos, sobre todo porque el diésel, que solía ser el combustible más barato, ha aumentado hasta un 65% sobre el precio de hace un año. En otras palabras, con lo que en diciembre de 2021 se compraba un galón, hoy solo se obtiene poco más de un tercio.

Es probable que las actuales condiciones del escenario macroeconómico nacional puedan ser justificadas por el Organismo Ejecutivo y el Banco de Guatemala con explicaciones técnicas que incluyan el efecto de una inflación importada, es decir global, entre cuyos componentes se encuentra el aumento en el precio de los derivados del petróleo, fertilizantes y costos logísticos debidos a la guerra de Rusia contra Ucrania, los remanentes de la pandemia en China, la temporada invernal en países del Norte y las repetidas subidas de las tasas de interés dictadas por la Reserva Federal de Estados Unidos.

Seguramente sería difícil que una turba de conductores agobiados por la carestía pudiera escuchar y admitir con resignación tales criterios, pues debe alimentar a sus familias a diario y explicar a sus clientes —afectados por su propio panorama económico— las razones del aumento de fletes o pasajes, el cual, a la vez, se refleja en el costo final de verduras, carnes, materiales de construcción y más, en una espiral que se prolonga sin que ningún liderazgo de gobierno se muestre preocupado o por lo menos empático. Solo se han limitado a crear algunos subsidios.

Es obvio que el subsidio aplicado al principio a todos los combustibles y ampliamente promocionado por el Ejecutivo fue un dispendio oneroso y descontrolado que debió tener márgenes mínimos de precio para que su aplicación protegiera a quienes en verdad lo necesitaban. Faltó criterio técnico y sobró populismo en esa medida que agotó Q3 mil millones del erario cuando menos se necesitaba. En realidad, los subsidios solo deberían usarse en situaciones excepcionales, pero, como tantas otras medidas, fueron aprobados por una aplanadora oficialista que maneja con irresponsabilidad los fondos públicos.

El mundo vive una borrasca económica, lo cual no es razón para que las autoridades del Estado de Guatemala permanezcan impávidas, casi al borde de una indiferencia dolosa, ante un alza de precios que pone en riesgo la seguridad alimentaria de sectores vulnerables a los cuales se pudo ayudar mejor con esos Q3 mil millones. La inflación impone fuerte presión de costos a las empresas grandes y pequeñas —todas proveedoras de empleos—, pone en mayor riesgo a la ya de por sí reducida clase media y crea focos de conflictividad en la provincia, ante la falta de liderazgo serio. Ni siquiera se discuten los pros y contras de suspender de manera temporal el impuesto a los combustibles —supuestamente destinado al mantenimiento vial— o de quitar un par de puntos al IVA por galón de combustible como medida excepcional mientras esté arriba de determinado precio. Tal vez ayudaría una mínima muestra de sensibilidad estatal, como reducir las comitivas motorizadas de autoridades, que los diputados compren su propia gasolina o que se regrese al Congreso el desfinanciado presupuesto del 2023, a fin de bajar la deuda prevista, que desde ya es más cara que nunca.