EDITORIAL
Revisión presupuestaria no debe ser pantomima
La capacidad de ejecución eficiente y transparente constituye la gran incógnita.
Año tras año, la revisión y discusión del dictamen de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación se convierte, según las correlaciones de fuerzas “oficialistas” y “opositoras” en un escrutinio de objetivos, planes de inversión, nóminas de gasto por ministerio, dependencia u organismo, proyecciones de recaudación fiscal y posibilidades de adquisición de deuda pública. Se celebran audiencias, aparentemente serias, circunspectas y técnicas, pero a la larga desembocan en un hemiciclo que termina imponiendo recortes, parches, bolsones y apartados a menudo dictados por conveniencias político-clientelares y no por una visión de Estado consensuada, menos aún técnica y estratégica.
Durante demasiados años se ha visto esta parafernalia de audiencias, comparecencias, lecturas de objetivos, planes y cuestionamientos. Incluso el actual presidente de la comisión de Finanzas, Julio Héctor Estrada, cuando fue ministro de esa misma cartera en el gobierno de Jimmy Morales, exponía razones y justificaciones técnicas para apoyar el monto de techo presupuestario propuesto, con la correspondiente carga de nueva deuda y planes hipotéticos de ejecución: los mismos que ahora dice, con cierto dejo de perogrullada, que “unas cosas van a bajar y otras van a subir. Cuántas van a bajar o cuántas van a subir, aún no lo sabemos todavía”.
Eso es lo que preocupa, a seis semanas del plazo para que se apruebe el plan de gastos: cuáles serán los criterios concretos y torales que marcarán los recortes y redistribuciones. El plan de Q148 mil millones de gasto propuesto por el Ejecutivo marca un nuevo récord y fija nuevos endeudamientos que se suman a los adquiridos en períodos anteriores. La capacidad de ejecución eficiente y transparente constituye la gran incógnita.
Del lado de los diputados, sobre todo distritales, que a su vez suelen acicatear ánimos ediles, existe un recurrente conflicto de intereses: efectuar una criba estricta y técnica del plan de gasto puede llevar a reducciones en partidas destinadas a determinados programas y proyectos de las comunidades a las que representan. Pero no somos ingenuos ni desmemoriados: las necesidades ingentes de la población solo son una porción de sus relativismos, ya que en el fondo de sus votos está el afán por lograr contratos para empresas de allegados, incluir obras para promocionarse y, por supuesto, contar con posibles reductos de plazas temporales o permanentes en dependencias públicas, lo cual funciona como subrepticio chantaje al Ejecutivo de turno.
También existen grupos de diputados a los cuales solo les interesa la zancadilla, el lastre y la resistencia a cualquier iniciativa que no sea de sus aliados o correligionarios. En el anterior gobierno aplaudían la flexibilidad de gasto que devino en discrecionalidad, pero ahora que ya no tienen el poder, quizá insistan en poner cepos, candados y cerraduras que en su momento de oficialismo obviaron. Ojo, esto no quiere decir que esté mal la fiscalización y los contrapesos al poder de turno: ese es el sentido primigenio de la división de poderes y de la democracia, pero enfocando los esfuerzos en el bien de la población y no de clientelismos.
Si algo hay que ir combatiendo sistemáticamente es esa tendencia a utilizar créditos para cubrir gastos de funcionamiento que han impuesto sucesivos gobiernos y consentido numerosas legislaturas. Es ilógico, absurdo y oneroso emplear préstamos para sufragar más burocracia. Priorizar la inversión pública, sobre todo en infraestructura y productividad, debería ser ese norte técnico para utilizar mejor los recursos de los tributantes.
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