EDITORIAL
Retomar control de taxis es imperativo nacional
Las municipalidades del país dejaron crecer el descontrol por negligencia, miedo y hasta conflictos de interés.
La ilegalidad de los taxis piratas pasó de la simple falta de registro a ser literalmente mortal: mortales ataques, reyertas entre conductores, peleas de rutas y puntos de abordaje, así como la evidente utilización de ese rubro como método para blanquear dineros mal habidos, que constituyen graves síntomas de un problema que se multiplicó a partir de la pandemia. Las municipalidades del país dejaron crecer el descontrol por negligencia, miedo y hasta conflictos de interés, ya que en no pocas localidades alcaldes y diputados crearon sus propias flotillas.
También forman parte de la vorágine cientos de mototaxis o tuctucs, cuyas frecuentes imprudencias son causa de accidentes y decesos. Para mayor agravante, los ingresos de ese sector no son auditados por nadie y, por lo tanto, se prestan a ser fachadas de grupos ilícitos que los utilizan para lavado y también para trasiegos de drogas, armas y personas. Si no, basta ver los “servicios” de taxis entre la frontera de Agua Caliente y Esquipulas, que trasladan migrantes indocumentados a la vista de retenes policiales. De cuando en cuando, se reporta alguna detención, pero es porque no pagó la “tarifa”.
Los intentos por regularizar ese tipo de transporte se topan de manera recurrente con airadas protestas y bloqueos de ruta montados por los propios conductores, quienes argumentan tener derecho a trabajar y ganarse el sustento. Sin embargo, para ocuparse en esta labor deben estar dispuestos a registrarse ante las municipalidades, a conducir con seguridad, a recibir cursos de trato al público y, por supuesto, a utilizar unidades en buen estado. Lo mismo vale decir de los propietarios de carros empleados para ese fin, que a menudo tienen luces inservibles, asientos rotos, graves problemas de frenos, pero cobran pasajes abusivos.
La frecuencia de delitos como asaltos, violaciones y secuestros que involucran taxis piratas hace impostergable que las autoridades nacionales y locales emprendan la recuperación del registro y control de vehículos livianos de pasajeros. El desmantelamiento de bandas ligadas a graves ilícitos es otro argumento a favor de esa operación a gran escala. Es evidente que se escinden y se forman otras que prosiguen las exacciones y amenazas, con mayores precauciones, así como intimidaciones a los usuarios desde el mismo instante en que abordan una unidad.
Es innegable que la necesidad de transporte urbano e interurbano prácticamente obliga a muchos guatemaltecos a resignarse y tolerar el hacinamiento, la conducción imprudente, el trato despectivo y las arbitrarias tarifas por unos cuantos kilómetros de recorrido. Por eso es tan irresponsable la indiferencia o la laxitud cómplice de ciertas alcaldías respecto de su tarea contralora de los vehículos de alquiler.
El 11 de julio último, la Municipalidad de Guatemala oficializó cambios al reglamento de taxis. La sola aplicación de las cláusulas referentes a vehículos dejaría fuera a una cuarta parte de los hoy circulantes. A eso se suma un registro obligatorio de propietarios y pilotos, con inscripción fiscal actualizada, plena identificación y permisos para ejercer esa labor. En este punto es necesario resaltar que existen empresas de taxis, pequeñas y grandes, que sí cumplen a cabalidad con las supervisiones, requisitos y, sobre todo, el respeto a la dignidad del pasajero. Los vehículos de transporte ilegal de personas son una competencia desleal y un caldo de cultivo de ilícitos. Así, las nuevas normativas capitalinas deben ser seguidas por todas las comunas. La Asociación de Municipalidades haría bien en homologar los reglamentos de taxis, para cerrarle paso a la dañosa laxitud actual.
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