Existe todo un complejo entramado de circunstancias, factores y actores a lo largo y ancho del fenómeno de la violencia intrafamiliar, y especialmente las agresiones psicológicas, verbales, económicas o físicas contra mujeres, cometidas principalmente por cónyuges, novios o convivientes, a menudo en una escala creciente, velada, disfrazada por codependencias, temores o amenazas, pero que, de continuar su abyecta evolución, pueden llegar al asesinato de la víctima.

Conmoción, tristeza e indignación causó esta semana un video filtrado que registra un operativo policial en busca de una víctima con alerta de desaparición. Tras varios llamados infructuosos a la puerta, los agentes optan por forzar la puerta de un apartamento de la zona 21 capitalina. En ese momento encuentran el cuerpo de Ana Sofía Alegría Batres, de 35 años, quien tenía una alerta de desaparición Isabel-Claudina y habría sido asesinada por su conviviente. Escenas de dolor, llanto y conjeturas se vivieron, además de la búsqueda del probable agresor.

Las primeras pesquisas llevaron a una denuncia presentada por Alegría Batres en el Ministerio Público en noviembre del año pasado. ¿Qué clase de auxilio inmediato recibió la ciudadana? Es la primera pregunta que esta entidad debería responder, no tanto para resaltar omisos, ahora mortales, sino para evaluar los protocolos de acción en contra de uno de los delitos más denunciados. Cada año son más de 50 mil los casos reportados sobre violencia intrafamiliar y contra mujeres.

Con un poco de buena voluntad se podría comenzar por una mejor inversión de recursos: en lugar de publicitar reuniones anodinas, actos burocráticos o foros oficiales con frases repetitivas, los recursos de comunicación social del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y, en su conjunto, el Ministerio de Gobernación, podrían concentrarse en una fuerte campaña nacional multimedia de prevención de la violencia intrafamiliar, para dar claves de identificación de conductas potencialmente riesgosas, crear canales seguros de seguimiento de denuncias por parte de denunciantes y propiciar la organización comunitaria para auxiliar a potenciales víctimas. Iglesias, escuelas, bomberos y municipalidades podrían sumarse en esa tarea.

Sin embargo, en lugar de ampliar, agilizar o por lo menos mantener servicios de atención a mujeres víctimas, el oficialismo legislativo les cortó recursos. El diputado Cándido Leal, del partido Vamos, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, eliminó en el Presupuesto del 2023 asignaciones económicas a 17 organizaciones que prestaban atención a mujeres víctimas de violencia en todo el país. Entre ellas figura la Fundación Sobrevivientes, que atendía a más de 2 mil 500 féminas. Así también, los Centros de Atención a Mujeres Sobrevivientes de Violencia, o Caimus, sufrieron recortes. No se sabe a ciencia cierta cuál fue el criterio, pero este sabotaje a una larga labor fue una acción totalmente desleal hacia este sector vulnerable de la población.

Es año electoral y es fuerte el impacto de este flagelo, que ocurre a menudo tras las paredes de una residencia y es cometido por la persona que alguna vez prometió afecto, protección y cuidado, por lo cual es necesario un robusto sistema de apoyo. Debería ser un tema importante en las agendas de seguridad de candidatos al Ejecutivo y Legislativo, porque nadie sabe si puede llegar a necesitar ayuda una hija, una hermana o una madre. Toda indiferencia es cómplice.