Editorial
Repudiable retención de empresarios en Chajul
Es innegable que las invasiones a propiedades privadas en varios departamentos del país constituyen un problema de larga data.
La violencia nunca es ni será una vía para solucionar nada; por el contrario, constituye un precipicio en el cual se pierden los valores, las razones, el respeto a las leyes y se exacerban agresividades que conducen a escaladas impredecibles. Por eso es altamente repudiable la retención ilegal de dos empresarios guatemaltecos y parte del personal de la finca La Perla, en Chajul, Quiché, perpetrada ayer por un grupo de desconocidos armados y obviamente al margen de la ley. Se debe lamentar la muerte de una persona y las heridas sufridas por otras seis, al parecer consecuencia de un intento de invasión de tierras en legítima propiedad privada, una garantía constitucional básica, igual que el derecho a la vida, la integridad física, la libertad de acción y locomoción, las cuales se vieron conculcadas.
Este incidente lamentable no puede ni debe quedar impune, pues efectivamente se cometieron varios delitos, el más grave de los cuales es el asesinato de una persona. La intervención en conjunto de autoridades locales, el gobernador departamental, delegados de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, del Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala y el Ministerio Público fue clave para la rápida liberación de las víctimas.
No obstante, este grave suceso también evidencia la relativa ausencia del Estado en ese y otros territorios, pues el desplazamiento de agentes policiales tomó unas tres horas, durante las cuales la tensión pudo llegar a causar un desenlace todavía más trágico. Solo un precedente judicial firme en contra de quienes resulten penalmente responsables puede proporcionar la necesaria certeza de castigo que conjure futuras acciones similares. No se trata de posturas políticas o de conveniencias, sino de la aplicación recta de la ley.
Es innegable que las invasiones a propiedades privadas en varios departamentos del país constituyen un problema de larga data. Cada año se efectúan desalojos que en algunos casos son disuasivo suficiente, pero en otros se presentan reincidencias. Fincas de la Costa Sur, en Alta Verapaz, Petén e Izabal se ven afectadas por estos intentos de robo, que a su vez entorpecen las labores productivas y con ello afectan no solo a propietarios y empresas, sino también a los trabajadores.
Tales usurpaciones son a menudo propiciadas por grupos del crimen organizado que buscan desestabilizar a las comunidades y afectar a empresas legítimas que proveen empleos directos e indirectos, y con ello, ingresos y oportunidades locales. A esas bandas criminales les interesa exacerbar la pobreza para poder utilizar a pobladores como carne de cañón. Basta ver cómo en el pasado fueron atacados proyectos de generación eléctrica, bajo supuestas banderas de protección territorial o de recursos, lo cual condujo simplemente a un mayor oscurantismo, literalmente, de las regiones.
Por supuesto que la vía del diálogo es la más indicada, humana y asertiva para resolver reclamos de tierras y propiedades, pero para ello es necesario que los jueces cumplan con su labor en tiempo y con pertinencia legal. Existen casos de órdenes de desalojo de invasores emitidas después de largos y onerosos procesos, cuya ejecutoria es interrumpida por dudosos amparos emitidos por jueces locales que luego posponen la continuidad de los procesos durante meses o incluso años. Por otro lado, es importante transparentar, transformar y asegurar digitalmente la labor de los registros de la propiedad, para que dejen de ser almacenes de papeles susceptibles de alteración o desaparición, así como interminables laberintos burocráticos.
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