Editorial
Reforma electoral se ve peor que la anterior
Cualquier diputado que avale, de acción u omisión, un dictamen tan permisivo, maquiavélico y peligroso debe quedar anotado en el índice de la historia de las grandes traiciones a la democracia y al Pueblo de Guatemala.
Por principio, el borrador de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que está por ser presentado no se debería denominar así. Podrían llamarlo “intento de legalización de la burla a la ciudadanía”, “galería de estafas pendientes de validación”, “aval politiquero de viejas mañas” o, simplemente, la perversión total de una norma para poner el sistema político al servicio de las mafias y convertir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en una entelequia desprovista de independencia, sin herramientas de sanción y bajo control de los mismos a quienes debería controlar. El “borrador” reúne tal sarta de sandeces y permisividades que poco faltó para proponer dejar en blanco los artículos vigentes.
Es notorio y vergonzoso que del cúmulo de exigencias ciudadanas planteadas desde hace una década, la propuesta no incluya prácticamente nada. Esta elimina literalmente controles de gasto partidario, limita potestades de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y entorpece (por no decir, inutiliza) los procesos de sanción. Los autores de este mamotreto se burlan de la ciudadanía que exige transparentar las finanzas partidarias, que demanda una mayor democratización en los procesos de las organizaciones y exige mejores controles para la postulación de candidatos.
Se recetan los politiqueros un aumento a la deuda electoral de US$2 a US$3 por voto recibido en comicios, así como un incremento del 400% al techo de gasto electoral, aun a sabiendas de que allí se encuentra el nudo gordiano de la infiltración de dineros sucios del narcotráfico, el contrabando, la trata de personas e incluso las extorsiones a fin de obtener favores innombrables por parte de los patrocinados. Toda una perversión de la institucionalidad.
Despojar al Tribunal Supremo Electoral de la capacidad de emitir sanciones y dejárselas solo al Registro de Ciudadanos desnaturaliza su función y a la vez exhibe la ignorancia del marco constitucional bajo el cual fue creado. Además, se busca someter a los magistrados electorales a los antojos y prepotencias de los diputados de turno, evidentemente enfocados en defender las conveniencias de su bancada. Si de por sí, decisiones de la Corte de Constitucionalidad o del Ministerio Público han puesto en entredicho el carácter de supremo, los cambios del “borrador” lo harían supremamente vulnerable.
Ni siquiera los graves sucesos acaecidos desde junio de 2023, con todo y asedio a la democracia, parecen posibilitar la reflexión ética ni despertar la responsabilidad de los ponentes del “borrador”. Cualquier diputado que avale, de acción u omisión, un dictamen tan permisivo, maquiavélico y peligroso debe quedar anotado en el índice de la historia de las grandes traiciones a la democracia y al Pueblo de Guatemala, por anteponer oscuros intereses a los de sus electores. La semana recién pasada se tuvo un atisbo de la insolencia con la que que ciertos congresistas y bancadas ven a la ciudadanía, al tramar un abusivo aumento de salario sin haber mejorado un ápice la calidad del trabajo legislativo.
Tal como está, el pliego de necedades contra la Ley Electoral —también podría llamársele así, que no reformas— ni siquiera debería llegar al hemiciclo, dado su obvio carácter lesivo. Se desconocen las razones que llevan a los ponentes a plantear tal adefesio, pero se adivina un sabotaje a toda aspiración de mejoras electorales, para hacerlo parecer inviable y dejarnos en el actual limbo heredado de las chambonas e inconclusas reformas de 2016. Se necesitan cambios a la Ley Electoral, sí, pero serios, éticos, íntegros e incluyentes.
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