En septiembre del 2015, pocos días antes de ir a las urnas, los guatemaltecos miraban atónitos cómo el entonces presidente se sometía a los tribunales de justicia debido a una acusación por supuestos actos de corrupción, y la cual aún se dirime en el sistema judicial. Elegir, poco más de un mes después, entre una opción que prometía no ser parte de los grupos de corruptos y ladrones que han desfilado por la administración pública o elegir a la antigua forma de hacer política con la promesa populista de ayuda social para los más necesitados no resultaba difícil tomando en cuenta el mal sabor de boca que los antecesores han dejado.

Pasados los primeros cien días aún se mantuvo la buena imagen con la que llegó la administración que está a tan solo horas de ser historia, pero el desencanto empezó a aparecer, pues se perdió el tiempo y se desperdició el capital político brindado por las urnas, con acciones equivocadas como permitir tránsfugas en la bancada oficial, no ser transparente en los nombramientos de gobernadores y la capacidad para gestionar de buena forma la administración pública empezó a ponerse en duda.

Para el 2017 el desgaste había crecido y, para la mitad del mandato, el foco se había perdido y las energías de buena parte del Organismo Ejecutivo se enfrascaron en una lucha personal, inerte y que, al final, por culpa de dos partes presas del frenesí, deja un país con las heridas abiertas y necesitado de que sus nuevas autoridades tracen el rumbo que se perdió luego de cinco años inéditos para la sociedad guatemalteca, que tuvo más que dificultades para poder mantener un diálogo coherente y de altura con buena parte de los funcionarios de la administración saliente, debido a la poca disposición de estos a escuchar a quienes piensan distinto a ellos y, peor aún, cerrados a querer escuchar y a hablar solo con quienes por interés o lambisconería se dedican a aplaudir los resultados del trabajo inherente al cargo, sin reconocer que de eso se trata el servicio público.

Si bien se deben reconocer significativas y específicas gestiones, como los esfuerzos por mantener la estabilidad financiera pese a los vaivenes políticos; cumplir, por primera vez, con la entrega a tiempo y con creces la refacción escolar, el mantenimiento de algunas de las carreteras principales o seguir, estadísticamente hablando, con la tendencia de gobiernos anteriores de mantener a la baja la tasa de homicidios, no se debe perder de vista que quedan grandes desafíos en cuanto a la cobertura y calidad educativa, los alarmantes índices de desnutrición, la falta de más infraestructura vial estratégica, aumentar el ritmo de crecimiento económico y, sobre todo, cómo revertir el hecho que alrededor del 59 por ciento de los 16.8 millones de guatemaltecos viven bajo el umbral de la pobreza y un 23.4 por ciento lo hace en pobreza extrema.

La reflexión final debe ser para todos. Empezando por los funcionarios que en unas horas serán historia, los sectores que apoyaron y los que cuestionaron cada decisión, en ambos casos, si lo hicieron para aportarle al país o para beneficio propio; los contrapoderes, incluidos los medios de comunicación y cómo ejercieron su función, pero, sobre todo, para que los guatemaltecos ejerzan una ciudadanía activa que, como en todo sistema republicano, vele por la existencia de balances de poderes y mecanismos de frenos y contrapesos que obliguen a los gobernantes, desde el primer día, a hacer bien su trabajo o a corregir