Avanza el plazo de propaganda electoral y nos encontramos a un mes y 11 días de la cita con las urnas. Es importante, en este momento, resaltar algunos aspectos que pueden resultar de utilidad para los ciudadanos, pero también para los políticos que buscan una alcaldía o una diputación.

Han comenzado a proliferar en las áreas urbanas y rurales las vallas en postes, árboles y orillas de carretera con los rostros, serios o sonrientes, de los aspirantes a puestos de elección popular. Indistintamente del símbolo por el cual corran, es generalizada la impresión de que prácticamente ninguno ofrece los motivos racionales para ser merecedor de confianza con el voto. Es posible que existan algunos perfiles adecuados para llegar a desempeñar la representación popular, pero es imposible saber cuál es la trayectoria, los méritos, los planes o las prioridades legislativas que tienen tales personajes.

Un nombre, un símbolo y a lo sumo, un eslogan, es lo máximo que ofrecen las vallas propagandísticas. Pareciera que los partidos se han decantado por seguir apostando por la emocionalidad y el impresionismo, en lugar de explicar con claridad los compromisos que asumen, la agenda específica de leyes que van a apoyar y el repudio total a prácticas execrables como el transfuguismo, el tráfico de influencias, el nepotismo o la procuración de plazas clientelares.

A 41 días de las elecciones no existe ninguna propuesta partidaria seria sobre lo que se pretende lograr en el nuevo Congreso, a pesar de que hay toda una agenda de pendientes de importancia nacional. Esta semana es la última de este ciclo legislativo, en el cual prácticamente no se ha aprobado ninguna ley de valía. La única excepción por resaltar es la aprobación del plan Crecer Sano, que se hizo de forma tardía, a regañadientes y bajo enorme presión social, por lo tanto no cuenta como logro para ninguna bancada ni diputado, pese a que algunos intentaron capitalizarlo en sus redes sociales.

Es el fin del penúltimo ciclo de la legislatura, que a la vez bien podría ser el último de todo el Congreso tal como lo conocemos ahora. La actividad legislativa se reanudará, presumiblemente, después de que haya transcurrido la jornada electoral del 16 de junio, cuando ya se conocerá quiénes fueron reelectos, quiénes deberán desalojar la curul y qué nuevas fuerzas políticas entrarán al Legislativo. Aun así, quedarán seis meses de actividad, durante los cuales partidos y congresistas exhibirán sus verdaderos intereses, ya sea que se queden o no.

Vienen las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones; ya se han dado algunos movimientos y acuerdos tras bambalinas para quienes quieran ser reelectos o incluidos en la máxima representación del Organismo Judicial. Los riesgos de este proceso en las actuales circunstancias son muy grandes, dada la amplia permeabilidad de las organizaciones políticas a los recursos ilícitos, incluso del narcotráfico. Es por ello que resulta vital la vigilancia ciudadana sobre este Congreso y sobre los aspirantes a integrar la próxima legislatura. No se puede volver a permitir un Legislativo en el cual sigan privando los intereses individuales por encima del bien común. No se debe tolerar prácticas éticamente censurables. Para empezar, aún queda pendiente la cuenta de 107 diputados que en septiembre del 2017 apoyaron el Pacto de Impunidad. Muchos de ellos figuran en listas nacionales o distritales de diversos partidos, las cuales merecen ser escrutadas con detenimiento antes de darles un voto.