EDITORIAL
Quieren volver a asustar con el petate del ISO
El ISO fue aprobado “de urgencia nacional” por el Congreso de la República en noviembre del 2008.
Creado en el 2008 con carácter “temporal”, el llamado impuesto de solidaridad (ISO) cobra 1% trimestral sobre utilidades a toda empresa, grande o pequeña, incluyendo pequeños emprendimientos inscritos en el fisco. Es deducible del impuesto sobre la renta (ISR), pero hasta la declaración anual, con lo cual es básicamente un cobro adelantado y, en la práctica, una confiscación anticipada de fondos que las empresas bien podrían utilizar en el mismo período para inversión, crecimiento, maquinaria o ahorro.
El ISO fue aprobado “de urgencia nacional” por el Congreso de la República en noviembre del 2008, junto con el presupuesto del 2009 durante el período de gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Por eso, hasta la palabrita “solidaridad” tiene. El Partido Patriota (PP), supuesto rival de oposición, hizo la pantomima de criticarlo, pero después de asegurarles unas cuantas partidas presupuestarias, cedieron y el ISO fue aprobado, bajo la presidencia legislativa del diputado Arístides Crespo, del PP.
Funcionarios de la UNE, incluyendo a actuales disidentes, pero entonces oficiosos mandaderos, defendieron la creación del ISO, diciendo que solo sustituía a otros impuestos temporales previos, aunque con una tasa menor. Esgrimían, sobre todo, el argumento de que los ingresos por dicho tributo “temporal” —proyectados entonces en unos Q2 mil millones— eran imprescindibles para cubrir necesidades de “educación, salud y seguridad”. La cúpula de finanzas uneísta aseveró que el ISO era temporal, que solo estaría vigente hasta que se hiciera una reforma del ISR. Tal “reforma” se hizo en el 2013, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, pero el ISO siguió y sigue aplicándose, a pesar de evidentes inconstitucionalidades, señaladas desde meses antes de su creación y hasta la fecha.
Existen dos iniciativas de ley en el Congreso, una ya con dictamen de comisión, para emprender la supresión del ISO, de manera gradual entre el 2025 y el 2028. Ya se acerca la discusión y aprobación del siguiente Presupuesto, y es el momento clave para corregir este largo e injustificable hiato impositivo. Varios gobiernos y legislaturas han evadido la derogatoria, prefieren seguir aumentando la burocracia estatal y el gasto opaco, clientelar e ineficiente, a costa de los tributantes.
Ante la iniciativa para suprimir el ISO, el superintendente de la SAT declaró en una reunión legislativa, en mayo último, que el impacto sería de unos Q12 mil 441 millones menos de ingresos tributarios en cinco años. En esa misma cita, la viceministra de Finanzas Patricia Joachín dijo que la eliminación del ISO afectaría al gasto en temas como “educación, salud y seguridad”. Es decir, el mismo ardid de hace 16 años. Los ingresos por ISO en el 2023 fueron de Q7 mil 259 millones. Un estudio de la SAT, revelado el 3 de julio último, señaló que la evasión del IVA y el ISR en el 2023 fue de Q45 mil millones. ¿No será mejor para cubrir las necesidades “en temas como educación, salud y seguridad” que se refuerce la recaudación de esos tributos? Aducen ciertos funcionarios que el ISO es deducible del ISR, pero que sirve para dar “liquidez” al Estado. ¿Y la liquidez del empresario que necesita comprar equipo o quiere abrir una sucursal, contratar a más personal y así generar más oportunidades laborales? El Estado tiene la obligación de brindar servicios de salud, educación y seguridad, pero también debe propiciar el crecimiento económico, el desarrollo productivo y atraer inversiones para generar empleo. El ISO es un lastre a la competitividad y es inconstitucional. Intentar justificarlo con la necesidad de prestar servicios estatales es, como reza el viejo dicho chapín, “querer asustar con el petate del muerto”.
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