Editorial
Que no le pase al puerto lo que a la autopista
Es urgente que las autoridades de la Portuaria Quetzal y del Ejecutivo se pronuncien al respecto y agilicen la convocatoria para el otorgamiento del nuevo usufructo.
Las causas del dañoso socavón en la autopista Palín-Escuintla se enraízan en negligencia de supervisión y deficiencias de mantenimiento, pero la desesperación ocasionada por la tardanza en reparar el tramo se agrava a diario, sobre todo ante la falta de un informe constante respecto de los avances, dificultades o demoras climáticas. Ahora que recién fue reabierto el tramo, de manera precaria y a medias, genera más decepción que expectativa, más preguntas que respuestas racionales y concretas, sobre todo porque las autoridades de Comunicaciones anuncian un nuevo plazo que solo conlleva nueva frustración, debido a los meses de calvario vial en las rutas “alternas”.
Si tomamos ese caso como una analogía, en este momento hay otra infraestructura de capital importancia para la productividad nacional que también se encuentra en un badén legal que crea más temores que confianza, y vaya si las percepciones son claves en la economía. Estamos hablando de la situación legal de la terminal portuaria que actualmente sigue bajo operación efectuada por APM Terminals, cuyo contrato de usufructo fue declarado nulo por la Corte de Constitucionalidad y dejaba en vilo la continuidad de embarque y desembarque de mercancías, materias primas, combustibles y productos de agroexportación.
Un amparo provisional de una sala mixta fue otorgado el 28 de junio de este año, a favor del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), con el fin de garantizar las actividades portuarias en favor de la continuidad productiva nacional. Esto conjuró el colapso ante un posible cese súbito de dicha terminal, al menos en tanto y en cuanto se implementase la licitación internacional para darla en concesión con todas las de la ley.
Sin embargo, mes y medio después del amparo provisional, aún no existe un solo indicio de avance en la formulación de las bases para el concurso internacional. Esto ocasiona una creciente incertidumbre, puesto que dicho amparo no constituye una solución permanente, pues no entraña una relación contractual seria ni estratégica. Las solicitudes de información sobre el proceso son respondidas con evasivas o generalidades. Ni siquiera se brinda un plazo mínimo o máximo para el lanzamiento de la convocatoria. Semanas antes de la anulación del contrato, ya se hablaba de invitar a tres compañías internacionales de manejo portuario, aunque en aquel momento, dados los vericuetos legales, no se había invitado a APM, que sigue a cargo del servicio.
Es urgente que las autoridades de la Portuaria Quetzal y del Ejecutivo se pronuncien al respecto y agilicen la convocatoria para el otorgamiento del nuevo usufructo. Se puede deducir que hay cautela para evitar vicios legales o impugnaciones, pero a la vez se necesita una certeza jurídica a largo plazo, tanto para los usuarios del servicio como para las inversiones que se hacen necesarias en el único puerto del Pacífico guatemalteco. Reza el viejo dicho que “en la tardanza está el peligro”, y también hay otro, muy socorrido: “El tiempo perdido hasta los santos lo lloran”.
El gobierno salvadoreño recién anunció la concesión a 50 años del puerto de Acajutla y la activación del puerto La Unión a la compañía turca Yilport Holding, que invertirá US$1 mil 600 millones. Se trata de un movimiento estratégico que añadirá competitividad al vecino país. En materia económica, los tiempos cuentan y llegan a representar inmensos costos de oportunidad, a favor o en contra, según la capacidad de tomar decisiones responsables.
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