Pugna en el TSE es hija de un proceso atascado
El TSE necesita seguir funcionando, sobre todo, para abordar como máxima autoridad el plan de reformas electorales que se intenta colar en el Congreso,
El 2 de diciembre de 2023, aún en plena ebullición del asedio contra la democracia y los resultados electorales, el derrotado oficialismo del Congreso consiguió votos para retirar la inmunidad a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por una supuesta sobrevaloración del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que tuvo un costo de Q148 millones. El Ministerio Público (MP) solicitó su desafuero en octubre, tras haber investigado la denuncia de dos abogados interpuesta el 29 de junio, poco después de que el partido Vamos quedara fuera de la segunda vuelta electoral.
El 14 de marzo fue la primera declaración de cuatro magistrados titulares: Mynor Custodio Franco Flores, Irma Elizabeth Palencia Orellana, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños y Ranulfo Rafael Rojas Cetina, pero la jueza duodécima penal Karen Chinchilla los ligó a proceso solo por el presunto delito de fraude, y les dio medida sustitutiva. El MP apeló esta decisión, pero la Sala Primera solo avaló que Palencia también fuera acusada de “abuso de autoridad”; la jueza obedeció y les elevó la fianza de Q100 mil a Q700 mil. El MP solicitó en marzo cinco meses para efectuar la investigación. Después del fallo de la jueza, pidió el retiro de su inmunidad y también la recusó.
El 24 de octubre último se iba a celebrar una nueva audiencia de los cuatro magistrados titulares señalados, pero se suspendió por otra recusación de la Fiscalía. Los resultados de la investigación se debían presentar en agosto, pues el MP pidió cinco meses para investigar. La defensa de los señalados ha mostrado afán dilatorio, pues en agosto también se suspendió otra diligencia. La suspensión del desempeño de cargos, ordenada por la Sala Primera, dejó al TSE integrado solo por la magistrada titular Blanca Alfaro y cuatro suplentes.
Alfaro presidió el TSE durante 2024, y tal período finalizó el 5 de enero. Le correspondía el turno al magistrado Gabriel Aguilera, pero al estar suspendidos todos los titulares, Alfaro continuó por un período más. Los suplentes reclaman que, ante la ausencia de los titulares, debía nombrarse para la presidencia a uno de ellos. Y esa es la pugna estéril que tiene ocupado al máximo ente rector de la actividad partidaria y electoral del país, pero se trata de una situación procedente de un proceso que se encuentra varado, dilatado y sin visos de ser juzgado con celeridad.
Si existe la comisión de un delito tan público y flagrante como se pregonaba en octubre de 2023, ya ha transcurrido tiempo suficiente —el doble del plazo solicitado, de hecho— para que la Fiscalía presente una acusación sólida que siente precedentes ejemplares. Mientras tanto, es la institucionalidad la que se ve bajo presión y en una circunstancia inédita. El TSE necesita seguir funcionando, sobre todo, para abordar como máxima autoridad el plan de reformas electorales que se intenta colar en el Congreso, plagado de laxitudes y ambigüedades, que le resta dientes a la autoridad para auditar y sancionar a los partidos infractores.
Puede comprenderse una continuidad temporal de Alfaro durante algunos días para que no exista un vacío de poder ni un abandono de cargo en el TSE; sin embargo, el desacuerdo de los suplentes en funciones debería obligar, al menos, a una consulta de la Corte de Constitucionalidad. El espíritu de la ley es claro, constante y correlativo en favor de la posibilidad o necesidad de alternancia de cargos. Si existen suplentes suficientes para que el actual TSE haya seguido vigente y funcionando, queda claro que, ante la ausencia de titulares, es preferible la elección de un presidente, interino si se quiere, entre ellos.
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