Probidad e idoneidad son claves en titular de SAT
El gran desafío está en abarcar todas las actividades de contratistas del Estado para evitar que se produzca otro B410 y efectuar toda labor fiscal con total apego a la transparencia y las leyes.
Por la cantidad de expedientes recibidos de aspirantes a dirigir la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ente recaudador de tributos, no debería ser tan complicado definir un perfil apto para tan estratégica función. Eso no implica que sea sencillo el proceso, ahora en manos del directorio de la SAT, el cual deberá, primero, corroborar la veracidad de los datos y exactitud de las referencias incluidas en los documentos. Entre los 31 postulantes hay profesionales de ciencias económicas, financieras y jurídicas que implícitamente se someten a los criterios de evaluación aplicados.
Sin duda alguna, la trayectoria en el área financiera, tributaria y de auditoría constituye un primer gran filtro, para poder atender el manejo de la recaudación desde una perspectiva protagónica, asertiva y con eficacia. El desafío es mantener el ritmo creciente de recaudación, acorde a la población laboralmente activa, al aumento de la actividad productiva y a la mejora en los sistemas de monitoreo de ingresos fiscalizables de personas individuales o jurídicas.
Es vital la investigación de los nexos y afinidades de todos los aspirantes, para prevenir potenciales conflictos de interés que puedan entorpecer o lastrar la tarea fiscal. Así también, la coherencia de la trayectoria profesional de los candidatos debe ser escrutada con detenimiento como la más concreta evidencia de integridad ética, potencial de liderazgo con valores y capacidad de gestión bajo presión. En el transcurso de un mes se efectuarán las cribas iniciales de la lista, habrá oportunidad de justificación y de presentar argumentos de descargo en caso exista alguna objeción; sin duda alguna, la etapa crucial será la de entrevistas presenciales, tras la cual vendrá la deliberación y el anuncio del nombre titular.
El lamentable caso de masiva evasión fiscal denominado B-410, por el número de empresas involucradas, muchas de ellas de cartón, es decir, sin sede física verdadera, sin personal ni mayor actividad e incluso sin inventario para proveer repentinos y millonarios contratos pagados con dinero estatal en diversos rubros, es la mejor evidencia para demandar un perfil de idoneidad incuestionable, centrado en cumplir la misión recaudadora de manera objetiva, técnica y apegada a derecho. Lamentablemente, las pesquisas judiciales contra el entramado B410 no han avanzado con la celeridad de otros “casos” en donde median obvias ojerizas.
El superintendente saliente, Marco Livio Díaz, cumplió con el deber de denunciar pública y penalmente a los defraudadores y de buscar vías legales de cobro sin perjuicio de la persecución de otros delitos de falsedad y simulación cometidos para la constitución de empresas fantasma. Cabe mencionar que la implementación de la factura electrónica a partir del 2023 ha representado un avance para facilitar y automatizar el monitoreo de actividades económicas que generan ingresos.
Los guatemaltecos productivos cumplen, en amplia mayoría, con el pago de sus compromisos tributarios; la SAT ha implementado varios mecanismos para facilitar las gestiones en línea, a través de banca electrónica y eliminar los formularios físicos. El gran desafío está en abarcar todas las actividades de contratistas del Estado para evitar que se produzca otro B410 y efectuar toda labor fiscal con total apego a la transparencia y las leyes. Se busca una persona titular de la SAT que pueda cumplir con metas públicas de recaudación con independencia y probidad. Nadie quiere volver a tener a un terrorista fiscal y menos a un infiltrado de mafias como ocurrió en el abyecto caso La Línea.
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