EDITORIAL
Por abuso de diputados ciudadanos se lamentarán
Y qué decir de la bancada oficialista, que permaneció en silencio.
El quehacer legislativo es generar un ordenamiento y actualización legal de la vida nacional; también es ser contrapeso, ente fiscalizador y, sobre todo, representar a la ciudadanía a la cual pidieron, rogaron, imploraron el voto. En esta tarea siempre hay polémicas, perspectivas distintas y colisiones de intereses, ojalá legítimos. La sesión plenaria del martes último, convocada para discutir el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 2025, se extendió hasta la madrugada de ayer, debido a que se incluyeron en la agenda dos iniciativas de reformas: una a la Ley de la Policía Nacional Civil y otra a la norma contra el crimen organizado.
Ambas fueron aprobadas. El cambio legal en la PNC establece paulatinos incrementos salariales —aún sin fuente de financiamiento clara ni reglamentos de meritocracia—, así como un artículo referente al uso ofensivo del arma policial, cuyos criterios de pertinencia deberán ser reglamentados con estricta claridad. También se amplían facultades para efectuar pesquisas policiales, que también deberán tener límites de potestad, para prevenir abusos. La otra modificación elimina de la ley contra crimen organizado la posibilidad de suspender a cualquier partido político, y el Movimiento Semilla sería el primer beneficiado, pues con esa supresión se queda sin asidero legal la acción exigida por el Ministerio Público y refrendada por la CC, al amparo de la mencionada ley.
Por supuesto que todo en esta vida tiene un costo, sobre todo si se negocia con diputados. Se puede deducir que el oficialismo, por más que lo niegue, tuvo que vender el alma a la coalición. No es descabellado suponer que el bolsón de Q12 mil millones para proyectos de los Consejos de Desarrollo Departamental fue una de las bazas para lubricar los engranajes, y bien se puede mencionar el viejo dicho: “Con dinero baila el perro”.
Montos y prioridades fueron criticados, con cierta razón y también un poco de envidia, por legisladores opositores, otrora oficialistas. Debajo de las diatribas están las nostalgias por otros tiempos mejores y el coraje de ver reducida la influencia política. Cabe decir que estas bancadas hoy críticas no se oponían a nada cuando estaban montados en su potro. En todo caso, criticaron el paquetazo Codede, la reforma favorable a Semilla y otro tanto hicieron con la Ley de la PNC, impulsada por el propio presidente del Congreso y exdirector de la institución, Nery Ramos, defenestrado en tiempos de Jimmy Morales.
Sectores empresariales organizados cuestionaron el excesivo endeudamiento contemplado en el Presupuesto, porque puede poner en riesgo la estabilidad macroeconómica, pero ya el venado estaba vendido con todo y cachos. El asunto es que “del mismo cuero querían sacar las correas” a costa de los tributos de la ciudadanía. Al filo de la medianoche, con nocturnidad y ventaja, un combo de 75 diputados mayoritariamente de Vamos y UNE impulsaron una enmienda para aumentar el salario de los congresistas de Q29 mil a Q51 mil, así como un demagógico aumento al personal del Congreso. Serán unos Q116 millones más en el presupuesto del 2025 del Legislativo. Varios de los votantes fueron de aquellos mismos que horas y días antes denunciaban el excesivo gasto. Y qué decir de la bancada oficialista, que permaneció en silencio.
Salen caros los favores entre rufianes. Fueron 87 los diputados que votaron a favor del imprevisto aumento que beneficia a los 160, incluyendo a los que votaron en contra y a los que ni siquiera llegaron. No es la primera vez que un Congreso decide al amparo de la oscuridad en contra del interés de la ciudadanía. Muchas excusas pueden esgrimir los que avalaron este nuevo fardo que colocan sobre las cargadas espaldas de los guatemaltecos que hoy y todo el 2025 se lamentarán.
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