Ya se hacía muy difícil no suponer que un sucio negocio como el trasiego de la droga fentanilo o sus precursores no tuviera ramificaciones entre grupos criminales en Guatemala. Ayer el gobierno de Estados Unidos señaló oficialmente al cartel de Sinaloa de conspirar para la elaboración e ingreso de dicho opioide a su territorio. De larga data son conocidos los nexos, alianzas y también rivalidades entre organizaciones mafiosas de Guatemala y México, cuyas mercancías solían ser la cocaína y la heroína, ahora superadas en lucro por el mencionado producto sintético que se usaba como anestésico y hoy es una plaga adictiva que deja más de cien mil muertos al año en territorio estadounidense.

Este fenómeno reaviva la alerta sobre el potencial corruptor y cooptador de estas bandas delictivas, que cuentan con ingentes recursos malhabidos, con los cuales buscan la colaboración de subrepticios aliados en estamentos del Estado. Si ya de por sí el narcotráfico ha involucrado a alcaldes, candidatos, militares y funcionarios —varios encarcelados, procesados o extraditados—, el auge del fentanilo, muchísimo más rentable, implica un peligro para la seguridad nacional y hemisférica.

China es señalada de ser el principal origen de dicha droga, ya sea elaborada o sus ingredientes. Dicho gobierno afirmaba haber instaurado controles para bloquear esa industria, pero Estados Unidos y México señalan la persistencia de cientos de fábricas clandestinas. De hecho, ante las acusaciones de autoridades estadounidenses, el presidente de México, Andrés López, envió una carta a su homólogo chino, Xi Jinping, para demandarle mayor control sobre el fentanilo. Este respondió con un lavamanos, al declarar que no existía trasiego alguno, y le endilgó la crisis solo a EE. UU.

La Fiscalía General de EE. UU. acusó de conspiración para el trasiego masivo de fentanilo a 28 personas. Entre ellas figuran los hijos del Chapo Guzmán —incluido Ovidio Guzmán, detenido el 5 de enero por el gobierno mexicano, que aún no lo extradita—, ciudadanos chinos, así como dos mexicanos asociados con el cartel de Sinaloa y detenidos el 18 de marzo último en Guatemala, a pedido de EE. UU., Sergio Antonio Duarte Frías y Humberto Beltrán Cuen, alias Don Chino. Junto a ellos fue detenida la guatemalteca Gabriela Zea, alias la Gaby, señalada de utilizar sus contactos comerciales en China Continental para acarrear precursores del opioide en cuestión.

En cada año electoral se reitera, con creciente evidencia, la necesidad de combatir la infiltración de narcodinero en campañas electorales para alcaldías, diputaciones e incluso la presidencia. En varias localidades del país existen ahora mismo aspirantes a cargos que montan onerosas parafernalias propagandísticas sin que exista claridad sobre el origen de los fondos o sus financistas. Por ello, el TSE debe exigir a todos los partidos puntuales y detallados informes de gastos de campaña. Debe revisarlos, con especial atención a los municipios costeros, portuarios y fronterizos.

En 2018 fue capturado el expresidenciable Manuel Baldizón, por lavado de dinero del narcotráfico; en plena campaña anterior, en 2019, fue detenido por trasiego de drogas el candidato presidencial Mario Estrada, de la extinta Unión del Cambio Nacional. Ambos confesaron delitos. Pero el riesgo persiste y por eso es clave la detección de alijos de droga, pero también de todo blanqueo de activos. Tan solo hasta el 31 de marzo iban mil 633 alertas de la Intendencia de Verificación Especial por transacciones sospechosas. No todas corresponderán a dinero de drogas, pero sin duda habrá muchas que sí.