EDITORIAL
Partida de politiqueros asecha la ley electoral
En la actual legislatura hay figurones rodeados de sospechas.
A escondidas, así como actúan los facinerosos, los malhechores y los sinvergüenzas, un combo de diputados, integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales, entregó a la Dirección Legislativa un dictamen de reformas a la ley electoral que en nada beneficia a la ciudadanía ni a la democracia; por el contrario, abre nuevas puertas a la entrada de dinero ilícito a los partidos políticos, con lo cual terminan de convertirse en partidas de oportunistas que se burlan de las más legítimas expectativas del pueblo de Guatemala. Y bien saben que su actuar pervierte la función parlamentaria: los delata la firma y entrega de la iniciativa a hurtadillas.
En la iniciativa cuasi clandestina se pretende quitar prácticamente cualquier control y eliminar las sanciones sobre el financiamiento de los partidos; se rebajan las multas y se quita la potestad de suprimir a una organización, aunque se resista a reportar sus ingresos, financistas, aportes en especie y rubros de gasto. Si con la actual ley ha sido difícil demandar rendición de cuentas y aun más cancelar partidos con infracciones electorales reiteradas, con las mencionadas deformaciones —que no reformas— se convertiría el escenario político-partidista en tierra de nadie o, más bien, territorio del mejor postor.
Desde legislaturas previas se tiene noticia de diputados y diputadas con marcados conflictos de interés, ya sea por sus nexos directos con contratistas del Estado, con proveedores interesados en tener mayores tajadas del erario, con convictos y exconvictos o hasta con grupos de narcotráfico. El caso de la extinta Unión del Cambio Nacional, cuyo fundador aún purga prisión en EE. UU., resulta emblemático por su largo y difícil proceso de cancelación. En la actual legislatura hay figurones rodeados de sospechas.
Sin duda alguna, pesó el rechazo inicial a las propuestas de reformas que trascendieron a mitad de este año. Por eso no hubo conferencia de prensa ni anuncio oficial del dictamen. Peor aún, faltaban otras maniobras diputadescas tendientes a medrar con el erario, a autobeneficiarse con un aumento salarial inaceptable y cuya moción fue introducida de manera ilícita, con nocturnidad, prácticamente a escondidas también. Así es como actúan los saqueadores. No parecen representantes elegidos por la ciudadanía.
En los encuentros auspiciados por el Tribunal Supremo Electoral con diversos sectores a inicios de este año, se plantearon múltiples exigencias, comenzando por la eliminación de las listas de candidatos impuestas por los partidos, que prácticamente las venden a quien más dinero aporte; así también, se demandó la posibilidad de que los migrantes guatemaltecos no solo voten por presidente, sino también por diputados y alcaldes de sus respectivos lugares de origen. Se exigen topes a los gastos de campaña para frenar los despilfarros, la compra de votos y la competencia desleal. Es vergonzoso cómo la camarilla, que no Comisión, de Asuntos Electorales, trastocó y desfiguró el espíritu de los cambios, devenidos en dolosos intereses convenencieros.
Por ahora no resta más que esperar el comienzo del nuevo período de sesiones, primero para ver quiénes son los firmantes del adefesio; segundo, para comprobar qué partidos avalan la inclusión de tal bodrio en alguna sesión plenaria; y tercero, para que la ciudadanía les recuerde a los diputados quién los eligió y para qué votó por ellos. Es abyecto que, después del asedio a la democracia, contra lo cual muy pocos partidos protestaron, ahora sean estos los que pretendan convertirse en sus próximos atracadores.
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