Órdenes ejecutivas de D. Trump traen desafíos
Es escueta la información sobre programas de apoyo legal a los connacionales en EE. UU. y a los compatriotas retornados cuando lleguen al país.
La virtual puesta en marcha de redadas del Servicio de Control de Migración y Aduanas de EE. UU. (ICE, por su sigla en inglés), bajo el comando de Tom Homan y siguiendo las directrices prometidas en campaña por el presidente Donald Trump, tiene en vilo a millones de migrantes indocumentados. Dos órdenes ejecutivas de Trump agitan el escenario: la autorización de poder allanar iglesias, hospitales y escuelas —espacios que eran considerados como refugios— y la suspensión de la nacionalidad por nacimiento, contemplada en la 14a. enmienda a su Constitución, pero temporalmente suspendida por el mandatario en su primer día del segundo tiempo en la Casa Blanca.
La prejuiciosa categorización generalizada de “delincuentes” se perfila como herramienta para justificar capturas y deportaciones sumarias e indiscriminadas, aunque el propio Homan matizó recientemente que se priorizará la defenestración de criminales violentos o asociados con pandillas y narcotráfico, que ahora se encuadran como terroristas, también por orden ejecutiva. Algunos estados considerados santuario para migrantes han empezado a recurrir a las cortes en busca de amparo constitucional contra la ejecución de los anunciados operativos de agencias federales.
Se calcula que hasta el 70% de los 3.2 millones de connacionales radicados en EE. UU. se encuentra en situación irregular, y ello los coloca en abierto riesgo de expulsión. A ello se contrapone su capacidad laboral, productividad económica y millonario aporte fiscal, todo lo cual se perdería al deportarlos masivamente. A su vez, ello pondría en graves problemas a miles de empresas estadounidenses donde trabajan, a menudo en ocupaciones que por su rudeza no hallan mano de obra ni siquiera entre ciudadanos locales.
En toda la gestión de Joe Biden fueron devueltos más de 182 mil compatriotas desde EE. UU., por lo cual no se trata de una estrategia nueva. Lo preocupante, sí, es la potencial alza del retorno forzado y la capacidad de la economía local para absorberlo, además del incalculable impacto humano de familias divididas. También se debe decir que a Biden le tembló la mano para otorgar un Estatus de Protección Temporal a Guatemala (TPS, en inglés), pese a ser el único aliado confiable y leal en la región centroamericana.
Una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump es suspender la ayuda de EE. UU a otros países, para revisar si sus objetivos se alinean a las nuevas políticas y fines gubernamentales, y ello también abarca a Guatemala. Actualmente, hay al menos 12 programas locales financiados por la cooperación estadounidense, incluidos proyectos para reducir la migración a través del desarrollo comunitario, combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad portuaria. Es lógica la auditoría por parte de cada relevo gubernamental, y es asimismo de elemental necesidad el respaldo económico a países y gobiernos aliados; pero, sin duda, también le atañe a la administración de Bernardo Arévalo defender tal apoyo y otros, como los programas de visas temporales de trabajo.
Es escueta la información sobre programas de apoyo legal a los connacionales en EE. UU. y a los compatriotas retornados cuando lleguen al país. El Consejo Nacional de Atención al Migrante (Conamigua) lleva años en un círculo vicioso de baja ejecución, alto costo de funcionamiento y cero innovación. Es necesario reformar el modelo institucional y sacarlo del fuero politiquero legislativo, para que en verdad integre esfuerzos de impulso productivo, apoyo al emprendimiento, certificación de capacidades e integración al país que un día los obligó a salir por falta de oportunidades.
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