Editorial
Oculta y bajo presión, no hay negociación lícita
La mejora de calidad educativa constante durante las próximas dos décadas es la única esperanza para el desarrollo productivo y competitivo de Guatemala.
El precepto constitucional es tajante y claro: todos los actos de la administración gubernamental deben ser públicos. Sin embargo, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte de Constitucionalidad (CC) se han decantado por mantener el largo y lesivo secretismo de sucesivas negociaciones del pacto colectivo entre el Ministerio de Educación y el sindicato magisterial, las cuales en los últimos tres lustros han sido más bien imposiciones al gusto del sindicalista Joviel Acevedo y su rosca de allegados. Durante la protesta montada el jueves 21 de noviembre, tanto él como sus adláteres fueron hoscos hacia los cuestionamientos de la prensa independiente.
Este pacto se negocia cada dos años, un tiempo irrisorio que no permite desarrollar ninguna política seria y, por el contrario, apunta a un constante pretexto para chantajear —o acuerpar según el caso— a los gobiernos de turno, sin que haya mejora tangible de la calidad educativa. En una reunión legislativa después de la protesta, Acevedo y afines acudieron a quejarse. Exigen la continuidad del “seguro escolar” contratado en la administración anterior, que significó un gasto de Q900 millones, pero que solo llegó a un 16 % de estudiantes. La gestión ejecutiva actual suspendió el gasto y optó por prestar el servicio por medio del Ministerio de Salud. ¿Cuál es el interés de Acevedo por proseguir este programa disfuncional y oneroso? Él invoca a la niñez. Pero aún hay más.
Pretende el sindicato jovielista tener control sobre la capacitación y evaluación de maestros: un instrumento que solo sirve para acallar cualquier disidencia en el gremio. Es tiempo de que otros líderes magisteriales rompan el miedo y se desmarquen de tan cuestionado operador. La vestimenta negra de los huraños acólitos de Acevedo los hacía ver más como una falange que como representantes democráticos del gremio a cargo del saber.
La ministra de Educación, Anabella Giracca, ha declarado que no está dispuesta a delegar potestades que pertenecen a la autoridad, entre ellas, la capacitación y evaluación de profesores. El artículo 130 de la Carta Magna dice que la función pública es indelegable. Actúa con sensatez al querer establecer condiciones de mérito para poder trazar programas de mejoras salariales. Es claro que Acevedo busca tener incidencia directa sobre esa materia, porque evidentemente le conviene a sus tácticas de presión gremial interna.
En diciembre de 2008, durante el gobierno de Álvaro Colom, un juez determinó que Acevedo podía ser destituido. Fue despedido por la ministra Ana de Molina, pero 18 días después fue reinstalado por decisión de funcionarios de la Junta de Servicio Civil. Mandatarios siguientes como Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei Falla también se allanaron en favor de un aliado bravucón. A cambio, otorgan beneficios sin acrecentar la exigencia. La postura de las actuales autoridades del Mineduc busca romper tal coto y priorizar la mejora docente en favor de la niñez y juventud. Romper el improcedente secretismo ayudaría y mucho.
La mejora de calidad educativa constante durante las próximas dos décadas es la única esperanza para el desarrollo productivo y competitivo de Guatemala. Pero no se va a conseguir si se prolongan granjerías de las dos décadas anteriores, negociadas a espaldas de los ciudadanos y a costa del intelecto de sus hijos, cuya inserción laboral depende de su formación. ¿Seguirá la CC avalando un secretismo lesivo? El 14 de noviembre, el Movimiento Cívico Nacional interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la negociación oculta del pacto magisterial. Ya es tiempo de que la CC decida de qué lado está.
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