El temor a un contubernio en la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones está de vuelta gracias a la ambigüedad de varias bancadas del Congreso, comenzando por su propio presidente, quien ha proyectado un difuso liderazgo a la hora de siquiera prometer a la ciudadanía su máximo esfuerzo por lograr una elección libre de arreglos ocultos. Quizá esto se deba a los intereses que amarran la alianza partidaria que lo condujo al puesto prácticamente desde el anonimato político y a todas luces bajo la férula de otros integrantes de la directiva, quienes a lejos se nota que son avezados en negociaciones bajo la mesa y lejos del escrutinio público.

La esperanza de la ciudadanía radica específicamente en la selección de integrantes idóneos para conformar la cúpula del Organismo Judicial, que será la encargada de impulsar reformas en futuros proceso de elección, cambios procesales que reduzcan la mora judicial y la mejora del régimen disciplinario de jueces y magistrados para que se disminuya el riesgo de discrecionalidad, favoritismo y conflictos de interés que han plagado este sistema gracias a la injerencia de operadores políticos que, prácticamente, juegan con la administración de justicia para tenerla al servicio de sus conveniencias.

La visita de dos diputadas al negociador político Gustavo Alejos Cámbara, reconocida por ellas mismas bajo la presión de la evidencia grabada en video este mismo mes, agrega mayor preocupación al talante moral de esta legislatura, puesto que Alejos estaba hospitalizado desde noviembre —gracias a los oficios de una jueza suplente— y no se sabe cuántos “amigos” más lo frecuentaron, incluyendo aspirantes a magistrados que deben quedar fuera del proceso por su conducta aviesa.

La indiferencia de la ciudadanía o el relativismo en el dimensionamiento de este momento cero de la justicia guatemalteca contribuyen también a que determinado grupo de diputados —incluyendo partidos vinculados con narcotraficantes— se crea con la suficiente inmunidad e impunidad para plegarse a una agenda de opacidad y tráfico de favores que solo acarreará más complicaciones, más incertidumbre y más ingobernabilidad.

Existen herederos de herrumbrosas tradiciones de cacicazgo, dentro y fuera del Congreso, que intentan a toda costa mantener e incluso aumentar el control sobre las salas de Apelaciones, que es a donde van a desembocar varios casos de corrupción, aun con sentencias ejemplares. Les interesa medrar con la posibilidad de suspender condenas, frenar procesos o revertir disposiciones de cárcel preventiva, acciones de las cuales existen penosos ejemplos en los últimos años.

El temor de que corran pagos a diputados por votos se encuentra latente, pero el valor para evitar cualquier contubernio doloso y denunciar toda intentona también se encuentra en la decisión de consciencia. Es demasiado pronto como para que los diputados noveles se embarren con el cieno maloliente de la vieja política, pues apenas se han cumplido cinco semanas de actividad legislativa. Existen muchas otras prioridades pendientes como la nueva Ley de Servicio Civil, los cambios serios a la Ley Electoral, la viabilización de alianzas público privadas y la inminente readecuación presupuestaria: todas son medidas que impactarán el rumbo de la Nación por los próximos años, que definirán la posibilidad de lograr un mejor desarrollo, pero cuyo mejor y más elocuente augurio de luz o tinieblas se encuentra en la elección de las nuevas cortes.