Los nombres de mujeres asesinadas o desaparecidas se suceden en Guatemala desde hace décadas, en una dantesca pesadilla cuyas infernales llamas parecen ser alimentadas por la percepción de impunidad para victimarios, la parsimonia del sistema de justicia y una cultura machista que no termina de expulsar prejuicios, estereotipos y cobardías caducas que solo dejan más luto, más niños sin madre y graves secuelas sociales.

Enero del 2021 se convirtió en el mes más violento para las mujeres desde julio del 2019, según el conteo de denuncias de delitos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), que contabilizó 52 muertes violentas de féminas en apenas 31 días. En una aproximación estadística, no hubo día sin que se produjera al menos un deceso brutal, incluyendo el de la niña Hillary Arredondo, de 3 años. Comenzó febrero y trajo más muertes, como la de la pequeña Sharon, asesinada en Petén al parecer por una venganza.

Desafortunadamente, esta gran tragedia colectiva lleva muchos más meses, años, décadas de ocurrir, lo cual evidencia una patología social, comunitaria e incluso familiar que con frecuencia es obviada, vista de reojo, evadida como una situación ajena que no me puede tocar a mí o que se intenta “justificar” debajo de explicaciones prejuiciosas. Esta realidad común debería ser abordada no solo por programas de gubernamentales o judiciales, sino también se debería discutir en espacios como establecimientos educativos públicos y privados, iglesias, universidades, asociaciones benéficas y también empresas, a fin de formar un amplio frente de prevención y rechazo a la violencia verbal, psicológica, económica y física hacia la mujer.

La propagación de este problema resulta a menudo invisible a simple vista y solo se tiene conciencia de su tenebrosa existencia cuando ocurre otra tragedia, otra desaparición, otra golpiza, otra noticia difundida por las redes sociales. Las agresiones pueden ocurrir en familias humildes, pero también en hogares acomodados. De sobra son conocidos los casos de deportistas destacados que resultan ser crueles atacantes de sus parejas, quienes a menudo tardan en denunciar por temor, por condicionamientos emocionales y hasta por la creencia esperanzada pero estéril de de que “él va a cambiar”. No se entienda esto como una culpabilización o una revictimización; por el contrario, el cambio nacional a generar debe incluir la cultura de denuncia, la ruptura del silencio, la búsqueda de justicia.

Los nombres se siguen sucediendo: Litzy Cordón, Cristina Siekavizza, Chelsiry Hernández, María del Rocío López, Cindy Laurena Chacón, Nora Velásquez Lemus y tantas mujeres más. Todavía hay mucho por hacer. En algunos casos, las víctimas continúan desaparecidas, en otros hay detenidos bajo proceso y en algunos más los victimarios casi salen libres a pesar de haber confesado su delito.

Ayer, en el Tribunal de Mayor Riesgo A se pronunció sentencia condenatoria en contra de Gustavo Bolaños Acevedo, victimario de Isabel Véliz Franco, asesinada en el 2001 a la edad de 15 años. Una mujer valiente, Rosa Franco, la madre de Isabel, buscó justicia por dos décadas para honrar la memoria de su hija, cuya foto sostuvo en alto al decir que está viva. El nombre de la joven identifica el sistema de alertas de mujeres desaparecidas junto con el de Claudina Velásquez, crimen ocurrido en el 2009 y que todavía está a la espera de un veredicto ejemplar.