Apremiantes sucesos y circunstancias se ciernen sobre la seguridad interna y fronteriza del país. No es una amenaza reciente y por ello son inexcusables las ineficiencias institucionales, las reacciones atropelladas, la falta de protocolos permanentes y las superficialidades en el discurso de las autoridades a cargo de asegurar el derecho a la vida y la seguridad que le da razón y sentido a la existencia del Estado. Ello por no mencionar la infiltración de dineros sucios en campañas electorales, los presumibles nexos de diputados y alcaldes con mafias del crimen organizado o la conflictividad acicateada para evitar que llegue el desarrollo económico a determinadas regiones.

Asegura el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, que están atentos a impedir la entrada al país de integrantes de dos carteles que se disputan territorio en Chiapas. Agrega que desde hace tres semanas se ha reforzado la seguridad en puntos fronterizos, lo cual prácticamente constituye una perogrullada, puesto que a lo largo del período Giammattei Falla se han reportado repetidas incursiones de convoyes armados para cometer ataques y ejecuciones, sobre todo en Huehuetenango y Petén, pero también en San Marcos.

Además, en ferias y desfiles hípicos en Amatitlán, Mixco, Chiquimula, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, entre otros lugares, se ha denunciado la presencia de individuos armados con fusiles de asalto sin que ninguna autoridad intervenga. Tal impunidad llegó a un punto abyecto en las fiestas julias de Huehuetenango, cuando se produjo una balacera que dejó varios muertos. En junio, pobladores de La Democracia, Huehuetenango, fueron ejecutados por una banda de sicarios que escapó rumbo a la frontera mexicana.

La exposición de impunidades podría alargarse, pero los anteriores ejemplos bastan para reclamar acciones efectivas a las autoridades, aunque estén a 109 días de entregar el poder. Es inaudito que tres fiscales del Ministerio Público estén retenidos en Tajumulco, San Marcos, y que para su liberación se exija la excarcelación de posibles implicados en la emboscada ocurrida entre Ixchiguán y Tajumulco, en marzo último, en la cual murió un coronel del Ejército de Guatemala. Cabe cuestionar a la fiscal general qué hacían esos agentes sin los debidos protocolos en un área de alto riesgo. Pero para allanar oficinas electorales sí van acompañados por intimidantes comandos armados.

Por otro lado, causó mayúscula sorpresa el video viral en el cual un comando armado secuestra a Luis Alberto Chacón, alias Wicho Veneno, un extraditable capturado en enero de 2023 por narcotráfico. Nadie sabía que había salido libre desde marzo gracias a una resolución de la jueza Claudette Domínguez, que solo lo ligó a proceso por un delito que permitía fianza, a pesar de estar entre los cien más buscados. Pero más extrañeza causa la laxitud del MP, que solo interpuso un amparo y no denunció tal discrecionalidad. Ello contrasta con la celeridad y encono demostrados en casos contra periodistas, exfiscales y abogados.

Finalmente, otro hecho que denota pesos de influencias, litigios raros y parsimonia de tribunales —en ciertos casos—. El 31 de julio fue condenado a 12 años de prisión el coronel retirado Walfre Estrada, después de ¡13 años! En 2010 fue detenido con un kilo de cocaína en su poder. En un primer juicio fue absuelto, pero fue invalidado por una sala que ordenó repetirlo. En la crítica realidad actual no hay lugar para inconsistencias y estas deben enmendarse a todo nivel.