Era previsible, aunque muchos no quisieron verlo. Era inminente, pero otros intereses menores, en comparación, le dieron margen a la dictadura sandinista para manosear la ley, atropellar la democracia y borrar todo atisbo de respeto a las garantías fundamentales en nombre de un falso crecimiento económico y de una estabilidad a costa de cárcel y cementerio. El sátrapa Daniel Ortega, que detenta el poder en Nicaragua desde el 2007, proscribió ayer a 19 organizaciones empresariales, financieras y productivas, incluido el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que aglutina a empresarios de todos los ramos.

Apenas está por cumplirse un mes de la inédita e incalificable expulsión de más de 200 ciudadanos nicaragüenses que estaban detenidos bajo acusaciones políticas y a los cuales el gobierno bicéfalo les retiró la nacionalidad, mediante una burda y a todas luces improcedente modificación constitucional que viola cualquier convención de Derechos Humanos, con lo cual es toda la nación la que queda en riesgo de convertirse en paria, tan solo con el apoyo de gobiernos antidemocráticos e intolerantes a toda disidencia como China, Rusia, Irán, Venezuela y Cuba.

Lo paradójico es que el suprimido Cosep brindó apoyo al régimen orteguista, sobre todo a partir de su retorno al poder, en el 2007, mediante un consenso que parecía la receta ideal para la gobernabilidad, pero que en realidad ya traía un dardo envenenado. Los empresarios nicaragüenses asintieron en nombre de una competitividad que hoy es cada vez más precaria, y lo será todavía más conforme avance la agenda totalitaria.

En abril del 2018 se produjo la ruptura del sector empresarial con el Gobierno a causa de la violenta represión contra las manifestaciones ciudadanas que dejó mortandad en las calles, centenares de heridos, detenidos y desaparecidos, en su mayoría estudiantes, líderes populares y hasta sandinistas que cuestionaron a Ortega. También arreció el acoso y la intimidación en contra de medios de prensa críticos y comunicadores sociales independientes.

Después vinieron las fraudulentas elecciones del 2021, en las cuales no pudieron participar los candidatos opositores, que fueron apresados bajo cargos inicuos. Entre los detenidos y después expulsados también había religiosos y exdirigentes empresariales, una clara lección de que, como reza el dicho, “mal paga el diablo a quien bien le sirve”.

Asimismo, cabe recordar que en su afán de buscar con quién congraciarse, el gobierno sandinista le ha dado asilo a personajes señalados de corrupción en sus países de origen y les ha otorgado la nacionalidad nicaragüense, como por ejemplo al prófugo guatemalteco Gustavo Herrera, a los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez, o al ex secretario privado de Juan Orlando Hernández, exmandatario hondureño extraditado a EE. UU. por cargos de narcotráfico. Ello contrasta con el inaceptable despojo de la nacionalidad a literatos como Sergio Ramírez o Gioconda Belli. Así de contradictoria y necia es la ineptitud de los déspotas, desprovistos de todo decoro y raciocinio.

No se puede sino anticipar un mayor deterioro económico en Nicaragua, a causa de mayores sanciones económicas que deberían ser impuestas por gobiernos que quieran tomar distancia, si es no que no aspiran a emular tales bodrios. Tres lustros de autocratismo sitúan a Ortega y a su esposa Rosario Murillo a la altura de deplorables duplas de gobernantes como Ferdinand e Imelda Marcos, en Filipinas; Nicolae y Elena Caeacescu, en Rumanía, o Benito Musolini y su amante Clara Petacci, en Italia, todos caídos en inminente desgracia por sus abusos omnímodos.