Antes de la pandemia y, por coincidencia temporal, antes del período de la actual titular de Educación la excusa más usual para la falta de remozamiento de planteles educativos era que por el ciclo de actividades escolares se hacía difícil efectuar trabajos si no se trasladaban las clases a otra parte. Era una excusa repetitiva, que evidenciaba falta de planificación, pero tenía cierta lógica. Con la suspensión de clases desde el 13 de marzo del 2020, se tuvo cuando menos un año y medio para emprender un vasto programa de recuperación, equipamiento y modernización.

Por canales oficiales se promocionó el remozamiento de algunos centros y unas cuantas donaciones de equipo para clases virtuales. A pesar de contar con un presupuesto que rozó los Q18 mil millones con todo y ampliaciones en el 2021, la cartera educativa fue incapaz de asignar más fondos a este rubro. Peor aún, de los Q89.6 millones destinados para mejoras físicas de las instalaciones se ejecutó menos del 10%, pese a que abundan las escuelas en ruinas por todo el país en donde el actual gobernante hizo campaña.

Para mayor agravante de este incumplimiento, en los meses finales del 2021 se avizoraba el posible retorno a clases. Con un poco de voluntad y visión estratégica, bien se pudo acelerar la ejecución de obras dirigidas a lo más valioso que tiene el país: la niñez y juventud, para proveerles un ambiente digno, didácticamente adecuado para el cultivo de sus intelectos. La pausa de la pandemia pudo ser esa ventana de oportunidad para apostar por la transformación de tantos edificios escolares e incluso impulsar la demolición de estructuras inadecuadas, para crear verdaderos centros locales de desarrollo humano. Se desperdició el tiempo.

Eso sí, la ministra Claudia Ruiz y su equipo se ocuparon oficiosamente de sentarse a pactar con el dañino dirigente Joviel Acevedo, a escondidas de la ciudadanía, un incremento salarial, sin requisitos de evaluación ni mayor exigencia de mejora en la calidad educativa. Otro síntoma deplorable de este clientelismo surgió a principios de este 2022, cuando la Universidad de San Carlos anunció la suspensión del programa de formación de docentes, al señalar que el Mineduc no ha contratado ni un solo egresado, pese a que se trata de un factor fundamental para una mejora a mediano y largo plazo. Solo contratan a los apadrinados por el grupo de Acevedo y, por si fuera poco, hay supervisores departamentales que solo se limitan a dar una indicación a los directores: que sigan las instrucciones del sindicato magisterial, que hasta hoy no ha dado una sola muestra de que le importe el futuro de la Nación.

En un gobierno ordenado y bajo un liderazgo claro, la repartición de refacciones escolares no debió ser hecha por el Mineduc, sino por la cartera de Desarrollo, pero esta tiene también sus propios lastres, omisiones y conflictos de interés. Quizá tenía que asumirlo la ministra, pero junto con ello debía asegurarse de que los maestros efectuaran su labor en todo el país, que las guías entregadas cumplieran con la meta de dar continuidad al aprendizaje.

¿Cómo iba a hacerlo si tácitamente cedió el sistema educativo a un dirigente venal con el cual firmó un incremento salarial sin condiciones? ¿Cómo iba a exigir calidad si la misma no figura dentro de tan lesivo pacto? ¿A quién va a culpar de no haber respondido a la altura de los tiempos? No bastaría ni siquiera ir vestida de negro a pedirle perdón, uno por uno, a tantos niños que perdieron dos años irrecuperables, sobre todo en zonas donde hace tanta falta la educación competitiva.