EDITORIAL
Libre expresión es una garantía, no una concesión
Lo más importante es que la ciudadanía comprenda que la libre expresión no es un derecho exclusivo de los comunicadores.
En el proceso electoral del 2015, al menos 15 candidatos presidenciales firmaron la Declaración de Chapultepec, referente a mantener el compromiso de garantizar la libertad de expresión. Entre ellos estaban Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, que serían los dos siguientes mandatarios electos. Durante sus períodos, paradójicamente, se produjo un paulatino deterioro de las condiciones para el ejercicio periodístico en el país. Restricciones de acceso, aversión a responder cuestionamientos de la prensa independiente y agresiones contra comunicadores fueron algunas manifestaciones de esta abierta contradicción a lo signado.
La Declaración de Chapultepec, de la Sociedad Interamericana de Prensa, surgió hace 30 años como un manifiesto breve, claro y enérgico en favor del derecho universal a la libre expresión, válido para toda persona, pero específicamente atingente a la labor de los periodistas. Vale recordar los tres primeros incisos de lo firmado por los hoy exmandatarios Morales y Giammattei: “1. No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo. 2. Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos. 3. Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público”.
Resistencia de entes estatales a requerimientos de información, amenazas, intimidaciones y asesinatos de periodistas comunitarios llevaron a Guatemala a ser calificado como uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico, según instituciones internacionales de prensa y derechos humanos.
Este clima de intolerancia se acentuó en el anterior gobierno, durante el cual se denunció el acoso contra periodistas críticos, algunos de los cuales marcharon al exilio; entre el 2022 y el 2023 fueron asesinados cuatro periodistas departamentales. La mayoría de denuncias presentadas en la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, creada en el 2019, no condujeron a resultados tangibles. El MP no logró una sentencia contra el exdiputado Julio Juárez, señalado de la muerte de dos periodistas en el 2015, en Mazatenango, uno de ellos el corresponsal de Prensa Libre Danilo López. Juárez fue absuelto en el 2022 y el fallo se refrendó en el 2024.
Paradójicamente, ese 2022, el MP capturó al periodista Jose Rubén Zamora por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, delitos por los cuales pedía 40 años de prisión. El tribunal lo sentenció en junio del 2023 por lavado, pero una sala anuló el juicio y ordenó repetirlo por deficiencias procesales, como la falta de acceso de la defensa al expediente y la intimidación contra varios abogados defensores. La repetición del juicio no ha comenzado y múltiples audiencias se suspendieron por incomparecencias y dilaciones. El periodista Zamora estuvo 813 días en prisión, sin sentencia, y no fue sino hasta el sábado 19 de octubre último cuando salió a prisión domiciliaria, ante el clamor nacional e internacional.
Por estas y otras circunstancias, la SIP, en su asamblea general del 2024, mantiene a Guatemala entre los países con fuertes amenazas a la libertad de expresión. Si bien con el cambio de gobierno se redujeron hostilidades, aún hay desafíos institucionales y serios pendientes respecto de la impunidad de ataques contra periodistas. Al final, lo más importante es que la ciudadanía comprenda que la libre expresión no es un derecho exclusivo de los comunicadores ni una concesión de los gobiernos, sino un imperativo universal.
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