EDITORIAL
Libertad de prensa incomoda a los déspotas
Larga es la lista de periodistas que han sufrido persecución, exilio, agresiones e incluso asesinato por desempeñar su labor a conciencia.
Estamos apenas a un lustro del tricentenario del surgimiento del primer periódico impreso en territorio guatemalteco, la Gaceta de Goathemala, que empezó a circular el 30 de noviembre de 1729. Dicha fecha fue tomada como referencia en 1972 —curiosamente los mismos dígitos— para instituir el Día del Periodista guatemalteco, una ocasión en la cual se exalta una profesión de servicio a la ciudadanía a través del reporte constante de sucesos del devenir nacional e internacional, así como la fiscalización del ejercicio del poder público; este es conferido en nombre de la soberanía del pueblo de Guatemala, pero nunca faltan funcionarios cabezas duras que lo creen omnímodo, autocrático y desbandado.
Por eso, este día trae felicitaciones y reconocimientos, pero también amargas realidades ante la intolerancia y discrecionalidades de empleados públicos —ya sean electos por voto o designados por autoridades electas— que quieren darse el lujo de convocar a “conferencias de prensa” en las cuales seleccionan a quiénes dejar entrar o no. Les encantan los corifeos y las adulaciones, pero se irritan cuando periodistas críticos cuestionan sus procederes o los de sus subordinados, sus incoherencias, parsimonias, negligencias y opacidades.
Por cierto, una de esas mayúsculas incoherencias es la utilización de leyes ajenas a la de libre emisión del pensamiento para tratar de rehuir cuestionamientos y evadir la rendición de cuentas. La más abyecta muestra de este proceder es la repetitiva invocación de la Ley contra el Femicidio por parte de funcionarias, exfuncionarias, políticas y hasta fiscales que, al verse evidenciadas en acciones impropias, denuncian supuestos acosos y agresiones emocionales. Con ello solo confirman la oscuridad de sus motivaciones.
El presidente Bernardo Arévalo firmó el 11 de noviembre la Declaración de Chapultepec, un compromiso de respeto a la libertad de expresión propuesto por la Sociedad Interamericana de Prensa para propiciar apertura y tolerancia hacia el quehacer periodístico. Paradójicamente, 11 días después se publicó la reforma del reglamento de la Comisión contra la Discriminación y el Racismo, que contenía una cláusula ambigua que podría llegar a amenazar la libertad de expresión. Así lo denunció la Asociación de Periodistas de Guatemala y el Ejecutivo comunicó que revisaría tal estamento; a la fecha, todavía no se enmienda.
En la mencionada firma estuvo presente el periodista Jose Rubén Zamora, en libertad bajo medida sustitutiva tras 813 días preso sin condena. El Ministerio Público (MP) fracasó en el primer juicio contra el comunicador por un supuesto caso de lavado y otros delitos. Fue anulado por deficiencias violatorias de debido proceso. El 15 de noviembre, la Sala Segunda de Apelaciones, a pedido del MP, ordenó conducir a Zamora de nuevo a prisión, pese a que respeta todos los procedimientos legales para continuar con el beneficio. El trasfondo de esa inquina son las críticas y reportajes investigativos de corrupción publicados durante el gobierno de Alejandro Giammattei, mandatario que reeligió a Consuelo Porras al frente del MP en mayo del 2022. Zamora fue capturado en julio siguiente.
Larga es la lista de periodistas que han sufrido persecución, exilio, agresiones e incluso asesinato por desempeñar su labor a conciencia. Nuestro subdirector y cofundador Isidoro Zarco fue asesinado en 1971; otros dos fundadores, Pedro Julio García y Álvaro Contreras, padecieron el secuestro, pero nunca claudicaron en sus ideales y convicciones, los cuales nos inspiran a diario: servir a Guatemala y a los guatemaltecos, a quienes nos debemos.
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