Editorial
Ley vial es promisoria si no la llenan de baches
El escepticismo sobre el supuesto impulso a la 5431 parte de su engavetamiento por 6 años.
Se anunció en el Congreso un dictamen favorable a la iniciativa 5431, Ley de Infraestructura Vial, largamente ninguneada por legislaturas previas. Parece una buena noticia en el contexto de la crisis de movilidad hacia la Costa Sur, agudizada por el socavón de la autopista Palín-Escuintla, aún en reparación. Sí, puede ser una gran oportunidad para transformar el modelo de adjudicación de contratos de obra, supervisión y mantenimiento de carreteras. Claro, si es que las fragmentarias, tribales y babélicas bancadas llegaran a incluirla en agenda, a discutirla con integridad y aprobarla sin tanto manoseo, sin “enmiendas de curul”, sin restarle alcance y sin quitarle artículos que combaten tráficos de influencias, favores y financiamientos.
Es tan buena noticia que también existe la posibilidad de que solo sea un alardeo oportunista de diputados con afán de protagonismo y de levantar muy precozmente la bandera de un partido cualquiera. Ojalá no. Sin embargo, los discursos tienen ese aire panfletario de que el Legislativo sí promueve soluciones a la crisis vial, cuando por su propia naturaleza constitucional no es así. Deben legislar, fiscalizar y facilitar los recursos públicos a través del presupuesto y sus modificaciones, a lo cual se han resistido desde el mismo inicio.
El escepticismo sobre el supuesto impulso a la 5431 parte de su engavetamiento por 6 años, a pesar de que múltiples sectores solicitaban, y lo siguen haciendo, un nuevo modelo para la administración carretera nacional. Se planteó en 2018, en el tercer año de la 8a. legislatura, y fue relegada. Fue pura finta. En la novena legislatura siguió sepultada, y vaya si no la querían así, cuando congresistas y adláteres del anterior oficialismo —que quieren figurar hoy como auditores— se recetaron el mayor botín vial de la historia y los resultados brillan por su mediocridad.
Desde el infame desgobierno del Frente Republicano Guatemalteco (2000-2004), que aún tiene peones y alfiles regados por allí, la estrategia de desarrollo vial comenzó a ser convertida en una repetitiva estafa de comisiones dinerarias ilícitas, contrataciones a compadre hablado, supervisiones ídem y, por ende, fallidas, descuido del mantenimiento para agravar un deterioro que después requirió de un proyecto más jugoso para los allegados.
Así se fue acelerando la inercia corruptora hasta llegar a los ministros de los períodos PP, FCN y Vamos, devenidos en auténticos epígonos del desastre anunciado e incluso descarado. Vea usted la ruta CA-2 Oriente y Occidente, otorgada a la malhadada Odebrecht, admire el futurista libramiento de Chimaltenango, disfrute la ruta inconclusa entre Comalapa y Jilotepeque u otras que empezaron a descascararse a poco de haber sido inauguradas. Se perdió el rumbo y también la vergüenza. Primero salieron libres, montados en su cabestrillo, dos de los comparsas del fraude Odebrecht a que el MP lograra estructurar acusación alguna contra los diputados que aprobaron el millonario préstamo bajo sospecha de pago por voto.
Es ese parasitismo simbiótico de contratistas devenidos en diputados que chantajean a Comunicaciones por contratos o por plazas, o por ambos, y esa gazuza irresponsable de recibir fondos públicos y después pedir más sin que haya sanción para las chambonadas que entregan, si es que las entregan, lo que pone en duda el anuncio de aprobar la Ley de Infraestructura Vial. Parece más un ardid para desgastar al Ejecutivo, que también arrastra sus errores y fallas. La iniciativa contempla una superintendencia vial (Sivial), pero esta debe tener alcance nacional y no solo de unas cuantas rutas. Si le cercenan potestades a esa instancia para proteger feudos de contratos, solo será más burocracia.
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