Prácticamente ha concluido el proceso electoral y falta únicamente la confirmación de resultados por parte de las juntas electorales y del Tribunal Supremo Electoral, que será el colofón de un agitado semestre político. La novena elección presidencial de la era democrática deja lecciones que no solo abarcan el período de convocatoria ni únicamente al ente rector del proceso.

La discusión y aprobación de las reformas electorales que conllevó incluso un proceso de destilación en la Corte de Constitucionalidad dejó una sensación de marcada desazón, sobre todo porque no tocó las causas por las cuales los partidos políticos han perdido su función fundamental de interlocutores permanentes entre la ciudadanía y el Estado, una actividad que no debería limitarse a la época de elecciones, pero que en los trastocados cambios de 2016 se dejó vedada. Por otra parte, los comités cívicos, que son una figura fundamental de participación a nivel comunitario, afrontan barreras comparativamente mayores a la de conformación de partidos, mientras que para estos se mantienen irrisorias cifras de afiliados que solo dan continuidad a las posibilidades clientelares. Estos y otros aspectos deben ser corregidos.

No solo con buenas intenciones se puede sacar avante un proceso tan complejo, debería ser el aprendizaje para el Tribunal Supremo Electoral, puesto que por no sopesar debidamente las capacidades y posibilidades personales y técnicas terminaron envueltos en todo el barullo de errores de la primera vuelta, que incluso generaron procesos judiciales, pero sobre todo que dieron pie a varios grupos, incluyendo a presidenciables, para reclamar un fraude inexistente pero que golpeó la confianza en una institución fundamental.

Para los funcionarios electos quedan fuertes mensajes del electorado, que comienzan por el rechazo al oficialismo, en una repetición lamentablemente cíclica que ha tenido lugar al final de todos los gobiernos del período democrático. Así también es notoria la aversión de los votantes hacia los diputados tránsfugas, que en buen número buscaban la reelección pero tan solo unos cuantos la consiguieron. Los nuevos legisladores deben aprender de los errores garrafales de anteriores congresistas noveles, que llegaron rodeados de expectativa y poco a poco se fueron convirtiendo en integrantes de componendas dañosas. Además, el transfuguismo quedó legalmente enterrado y así debe permanecer.

Prensa Libre y Guatevisión desarrollaron una cobertura independiente, equidistante y balanceada, bajo el concepto Decisión Libre, que engloba el ideal de servicio informativo que nos impulsa: brindar a las audiencias un panorama claro, incluyente y propositivo de las opciones que figuraron en la contienda. Se desarrollaron entrevistas con todos los presidenciables de la primera vuelta, a excepción del candidato oficialista, que declinó la participación. Como parte de ese servicio informativo se publicaron tres mediciones de la Encuesta Libre, encomendada a la empresa ProDatos. Dos de ellas se publicaron poco antes de las votaciones, a fin de brindar una fotografía de las preferencias electorales. Los resultados finales coincidieron en buena medida con los márgenes de la tendencia recopilada, lo cual evidencia la seriedad y apoliticidad de la metodología. Comienza la transición de gobierno y se abre un espacio de grandes posibilidades para todos los funcionarios electos en municipalidades, Congreso y Presidencia. En sus manos está cumplir con la palabra empeñada.