Laxitudes judiciales avalan tropelías
Algo anda torcido o más bien retorcido en el proceso de justicia guatemalteca.
El 23 de diciembre del 2022 fue asesinado el gerente de un prestigioso sanatorio privado de la zona 10; en septiembre del 2023, fue ultimado un cardiólogo del mismo nosocomio. Por tales crímenes, en julio de este año fueron capturados integrantes de una sanguinaria banda denominada Los Calavera. Ayer, 26 de diciembre, uno de los implicados, Francisco Antonio Díaz, fue sentenciado a tres años de prisión conmutable —a razón de Q25 diarios— por la jueza Abelina Cruz, bajo la figura de aceptación de cargos por el delito de asociación ilícita. Cabe agregar que el Ministerio Público —tan feroz e intransigente en otros casos— solicitó la supresión del delito de conspiración para asesinato, pero la jueza denegó el pedido y ordenó seguir la investigación.
En todo caso, ya la jueza Cruz había impuesto sentencias bastante laxas, el 12 de diciembre, contra otros dos implicados en el mismo caso: a un exempleado de la Municipalidad de Chinautla que reveló información confidencial y a un expolicía que ayudó a liberar un vehículo de forma anómala los sentenció a 30 meses de prisión conmutables —también por aceptación de cargos—, pese a que sus acciones contribuyeron a segar la vida de dos profesionales valiosos.
Algo anda torcido o más bien retorcido en el proceso de justicia guatemalteca, como para que el MP se luzca pidiendo hasta 40 años de prisión contra un periodista por supuestos delitos —y hasta ahora no demostrados— de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje, pero admita con pusilanimidad un trueque por aceptación de cargos que condujeron a asesinatos a sangre fría. Y, peor aún, que existan jueces que transijan con tales discrecionalidades que solo sientan nefastos precedentes. Casi parecen acicatear a más delincuentes a fragmentar operaciones para librar penas.
De hecho, pareciera que la separación de procesos se ha convertido en una treta legaloide para reducir la presión pública y aparentar celeridad en la aplicación de justicia. Si no, basta ver cómo se le dieron dos años y medio conmutables al suspendido médico Kevin Malouf y otros implicados en el crimen y desaparición de la paciente Floridalma Roque, tras aceptar cargos de obstaculización de justicia. Queda pendiente la acusación del delito de presunto homicidio; sin embargo, el juez Pedro Laynez cambió y redujo el delito imputado a Malouf, el 22 de noviembre, a “homicidio culposo”, es decir, accidental, con el cual el acusado se sometería a aceptación de cargos.
Sin embargo, esto no explicaría las circunstancias de la muerte ni el descuartizamiento de la víctima, por lo cual la Fiscalía debería oponerse con vehemencia a tales condonamientos. La familia recusó a Laynez y sospechan de un posible cohecho. La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la decisión y debería apuntar a sentar precedentes ejemplares. El cambio de judicatura y la revisión de lo actuado hasta ahora sería lo más lógico, transparente y recto.
El 25 de diciembre fue capturado, en flagrancia, por disparar al aire y con dos armas sin licencia Mario Roberto Cruz Saavedra. Tales delitos ameritan cárcel, al igual que la agresión a tiros perpetrada por el mismo individuo el 18 de diciembre, a una cuadra del Palacio Nacional, contra un hombre al cual hirió en las piernas. En la madrugada del 19 de diciembre, un juez de turno lo ligó a proceso, pero le dio libertad bajo una fianza de Q10 mil, pese a que intentó darse a la fuga y oponerse al arresto. Hará falta ver si el mismo u otro juez vuelven a poner este tipo de peligro público en la calle. Cabe anotar finalmente que estas y otras discrecionalidades resultan altamente sospechosas.
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