EDITORIAL
Lastre dañoso y caduco
Es necesario establecer un plazo perentorio y sin dilaciones, para la revisar la pertinencia legal y práctica de trámites.
El más reciente estudio del Índice de Burocracia reveló que Guatemala está en el penúltimo lugar latinoamericano —solo por encima de Venezuela— en tiempos y costos para la creación de una empresa: un viejo lastre que dificulta la llegada de nuevas inversiones. ¿Por qué? Porque al ver los excesivos tiempos de trámites y el exceso de requisitos desfasados, repetitivos y, para mayor agravante, análogos, prefieren irse a países vecinos. Así de grave.
La transformación digital del Estado guatemalteco es una distopia: mientras algunas entidades gubernamentales ya avanzaron en facilitar solicitudes, trámites y aprobaciones por vía electrónica, hay ministerios, como el de Salud, en el cual hay cientos de gestiones que solo se hacen manera presencial, a menudo con absurdos madrugones y filas que solo parecen dedicadas a justificar plazas anodinas. Este cuadro se repite en otros ministerios, sin que esta tramitología realmente contribuya a mejores controles para evitar la creación o conversión de fachadas de cartón usadas para saquear recursos del Estado y ejecutar operaciones de lavado de activos.
El escándalo de defraudación y estafa B410 —llamado así por involucrar a 410 empresas, casi todas inexistentes, sin personal ni equipo ni sede— exhibe la inoperancia de la maraña de trámites, cuyo supuesto fin es evitar la constitución de entes anómalos. En efecto, la jungla de trámites debe ser desmontada y replanteada para que sea un camino claro, equitativo, funcional y eficiente para hacer viables nuevas inversiones serias y honradas, las cuales hoy se ven entorpecidas y optan por irse a otros países.
En términos prácticos, es necesario establecer un plazo perentorio y sin dilaciones, para la revisar la pertinencia legal y práctica de trámites, formularios y avales, así como establecer canales ágiles por la vía digital, una posibilidad plasmada ya en leyes vigentes como la de Simplificación de Trámites o la recientemente aprobada Ley de Competencia, entre otras. Por ejemplo, la norma que avala la firma electrónica avanzada en resoluciones, contratos y acuerdos de gobierno se aprobó hace 16 años. Pese a ello, aún se busca hacerla de uso obligatorio en el Estado. ¿Por qué le rehúyen? Porque eliminaría ambigüedades, excusas y hasta lavados de manos.
La Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE) se creó hace 12 años, un período durante el cual debería haberse concretado una transformación digital del Estado. De nuevo, la pregunta: ¿Por qué la tardanza? Primero, porque dicha comisión no tiene potestades suficientes para incidir dentro de los ministerios, por lo cual los cambios quedan a discreción, conveniencia o capacidad de cada titular. Segundo, porque hay gavillas de rémoras burocráticas interesadas en que los mecanismos de transparencia e interconexión de bases de datos no se concreten; les convienen la lentitud, la opacidad y la desconexión, exactamente lo contrario de lo que necesitan la productividad y la competitividad generadoras de recursos y empleos.
El exceso de burocracia, fomentado a menudo por politiquerías clientelares y diputados negligentes, dista mucho de constituir una mejora de servicios del Estado. Es necesario reducir las cuatro mil 872 vergonzosas horas que actualmente tarda la apertura de un negocio en Guatemala. Tal eficiencia redundará no solo en la atracción de inversiones, sino en la eliminación de caldos de cultivo de corrupción.
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