La tiránica involución nicaragüense
¿Qué protesta se puede esperar del Parlacén, si incluso diputados guatemaltecos apoyaron la moción de Nicaragua de incluir a Rusia como observador?
En una regresión inédita y absurda que constituye la aniquilación total de cualquier rastro de democracia en Nicaragua, aunque quiera disfrazarse con harapos de apariencias, el corifeo de dicho país —que no Congreso—, dominado por una mayoría sandinista fraudulentamente obtenida en 2022, aprobó varias disposiciones ordenadas por el émulo del dictador Anastasio Somoza, el presidente y exrevolucionario —que nunca lo fue— Daniel Ortega Saavedra.
Con la reforma antojadiza y burda de artículos de la Constitución de Nicaragua se acabó de derrumbar el precario balance de poderes, se sepultan las libertades elementales y se erige sobre dicho pueblo hermano una distópica satrapía decimonónica que ya ha cobrado cientos de vidas, no solo a través de la violencia y la tortura, sino mediante la criminal pobreza en que vive la mayoría de sus habitantes, obviamente negada por la impostada versión oficial. Ya siente cerca los pasos del tiempo el opresor Ortega, octogenario y convertido en toda una negación de lo que vociferó en las décadas 1970 y 1980.
Se recetó el tirano un año más de período presidencial —pasó de cinco a seis años—, como si eso hiciera diferencia alguna respecto de su cadena de fraudes; crea, además, los antinómicos cargos de “copresidente” y “copresidenta”, con dedicación nepotista hacia su consorte, Rosario Murillo. Tan hipócrita leguleyada se aprobó de manera urgente en un Congreso que termina su función en diciembre y será revalidado por otro, que comienza el 10 de enero de 2025: como si no fuera la continuación degenerativa. Ortega y Murillo convierten la constitución de su país en una contradicción inviable, puesto que las reformas avalan la censura de cualquier forma de expresión, sea en medios, iglesias o cualquier foro.
“El Estado vigilará que los medios no divulguen noticias falsas”, dice una de las reformas. ¿Habrá un enunciado más avieso? Se define al Estado nicaragüense como “revolucionario”, cuando en realidad es una involución. Se autoriza el despojo de nacionalidad a todo opositor a la autocracia. Se institucionaliza una “policía voluntaria”, una suerte de patrullas civiles que ya existían de facto en 2018 cuando se produjo la mortal campaña de represión contra ciudadanos y estudiantes. Tales fuerzas de choque son equivalentes a los Tontón Macutes de Duvalier, en Haití, o los Jemeres Rojos de Pol Pot, en Camboya. ¿En dónde están tales fantoches hoy?
En fin, toda la corte nicaragüense puede esgrimir el gastado alegato aquel de la “soberanía” para decidir y ejercer el poder a su antojo en su territorio. Pero que no pretendan llamarse democráticos ni intenten manipular conceptos de representatividad o derechos. Es necesario señalar que en la década pasada no faltaron personas y sectores, incluyendo empresarios locales organizados, que elogiaron al régimen sandinista por su crecimiento económico: hoy están en el exilio y despojados de sus empresas y bienes.
La conversión de Nicaragua en una dictadura estructural se opone al tratado constitutivo del Parlacén, ente anodino y falaz del cual ostenta la presidencia de turno. Las reformas a la constitución nicaragüense contradicen múltiples estamentos de dicho tratado, pero solo citaremos como ejemplo el inciso i del artículo 5: “Contribuir a la consolidación del sistema democrático, pluralista, representativo y participativo en los países centroamericanos, así como al respeto y promoción de los derechos humanos”. Pero qué protesta se puede esperar si incluso diputados guatemaltecos apoyaron la moción de ese país de incluir a Rusia como observador.
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