EDITORIAL
La politiquería es la peor calamidad
“Un estado de calamidad es útil si propone medidas y objetivos precisos”, es un aserto con el cual puede exigirse al Ministerio de Comunicaciones un plan de prioridades para auditar resultados en el corto y mediano plazo.
Mucha agua ha corrido bajo el puente en apenas un mes, literalmente, desde el inicio de la temporada de lluvias del 2024. Llegó de manera tardía, pero inusitadamente intensa, al punto de causar el colapso de tramos vitales, como la autopista Palín-Escuintla, la carretera fronteriza con El Salvador o la propia ruta nacional 14, vía alterna que ya tenía sus propias áreas de riesgo, cuyo deterioro se aceleró ante el incremento masivo de automotores. En síntesis, hay hasta ahora 410 pasos carreteros afectados en diversos grados, sobre todo en San Marcos, sur de Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa, incluyendo cinco puentes destruidos.
El Ejecutivo, en consejo de ministros, declaró el estado de calamidad para acelerar recursos para la atención de la infraestructura. Los comentarios al respecto van desde la justificación de algunos diputados allegados hasta la descalificación de los ahora opositores, pertenecientes al anterior oficialismo, que dispuso entre el 2022 y el 2023, de más de Q6 mil millones para obra vial, cuyos resultados hoy se ven cuestionados. En fin, es la natural dinámica de pulsos políticos, a veces politiqueros, según el discurso demagógico, amnésico o de simple regateo de la dimensión de la emergencia que vive el país. Temen reconocerla, pues con ello admitirían su propia negligencia e incumplimiento.
La miopía pretérita es evidente, aunque eso no libra a las actuales autoridades de dar resultados en lugar de más excusas u ofrecimientos. Describir la dificultad técnica del socavón en la autopista no alivia un ápice el calvario que a diario se vive en la circulación de vehículos livianos, de pasajeros y de carga. La calamidad es un presente reto estratégico de nación que está más allá de sabotajes legislativos o guerritas netcenteras.
“Un estado de calamidad es útil si propone medidas y objetivos precisos”, es un aserto con el cual puede exigirse al Ministerio de Comunicaciones un plan de prioridades para auditar resultados en el corto y mediano plazo. Tal frase encabezó en agosto del 2021 la postura del partido Semilla acerca de un estado de excepción solicitado por el gobierno de Alejandro Giammattei para paliar temas de salud relacionados con la pandemia. Cierto, era un contexto distinto, pero con una similar pretensión para ejecutar recursos públicos y limitar ciertos derechos. Son posturas que pesan y obligan.
Tras la segunda declaratoria de calamidad del Ejecutivo, pendiente de aval legislativo, el Ministerio de Comunicaciones está obligado a efectuar contrataciones bajo lineamientos de publicidad y celeridad. En efecto, la rendición de cuentas es clave y quedará a cargo de los diputados auditar la ejecución de recursos si deciden aprobar. Urge la rehabilitación de tramos averiados que golpean actividades productivas de los ciudadanos, la competitividad industrial, agrícola y exportadora, el turismo e incluso los precios de productos comestibles. El tiempo sigue pasando factura a todos y la reparación en Palín ya corre contra el reloj. Las justificaciones siempre sobrarán cuando hay pérdidas económicas progresivas.
La politiquería es la mayor calamidad. Los diputados de todas las bancadas deben asumir la misión con seriedad, prudencia y profesionalismo. De llegar a avalar el estado de calamidad, si no se puede trabajar de otra forma, no debe tratarse de un cheque en blanco ni de una victoria para nadie. Hoy toda la ciudadanía sale perdiendo en esos embudos atroces y con limitadas rutas alternas que son la vergüenza de los exministros y camarillas que las propiciaron.
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