Ni siquiera merece llamarse iniciativa de ley una invención leguleya que busca acaparar potestades que dejarían al patrimonio natural del país a merced de intereses y conveniencias de cierta camarilla de turno. La propuesta 6054 es una treta perversa para debilitar normas y requerimientos de protección ambiental; de lo contrario, a estas alturas del gobierno —al cual le restan un año, tres meses y 27 días— se tendría algún avance en el resguardo de reservas y recursos naturales.

El propio Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), que absorbería a entidades de protección ecológica, no ha tenido logros ni propuestas novedosas, excepto una norma para el tratamiento de residuos sólidos que está a menos de un año de cobrar vigencia, pese a lo cual no existen programas de capacitación ni implementación de infraestructura. Ni siquiera el incendio en el relleno sanitario de Amatitlán, en el 2021, aceleró la transformación de procesos. Si el Marn no ha podido cumplir con ese proyecto, ¿cómo pretende que pueda manejar ese 30 por ciento del territorio nacional que está a cargo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) o la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado (Ocret). Pero ese es el botín que está en la mira.

El Conap, creado en 1989, es un ente colegiado, de integración interinstitucional, y quizá por ello lo quieren eliminar los ponentes del desvarío 6054. En el Conap hay representantes titulares y suplentes del Marn, pero también del Centro de Estudios Conservacionistas de la Usac (Cecon), del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Asociación Nacional de Municipalidades, del Instituto Guatemalteco de Turismo, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) y un delegado de las oenegés ambientales registradas.

El presidente Alejandro Giammattei trató de justificar la 6054 con el argumento de la centralización de la administración de recursos, pero con ello sacó a luz la principal objeción: el tesoro ambiental del país no puede ni debe estar sojuzgado por un ministro o un gobierno, sobre todo si cualquier allegado puede encabezarla. Cabe recordar que el anterior ministro carecía de experiencia o conocimiento ambiental, pero desplazó a expertos y emprendió proyectos sin base científica que fueron rotundos fracasos.

De los ponentes de la 6054 ninguno tiene experiencia ambiental; entre ellos, la presidenta del Legislativo, Shirley Rivera, y el diputado Aníbal Rojas, hermano del actual titular del Marn, Mario Rojas. La oposición es unánime en contra de este desatino. Profesionales, científicos, ecologistas, directivos de instituciones ambientales y grupos civiles han reiterado su rechazo. También organizaciones como la Cámara del Agro, la Asociación Guatemalteca de Exportadores, el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y hasta la Escuela Nacional Central de la Agricultura, donde el ministro Rojas dice haber estudiado.

La 6054 es perniciosa para los intereses nacionales, porque limita la posibilidad de fiscalizar decisiones, aumenta el riesgo de discrecionalidad y excluye a instituciones que llevan más tiempo de defender el entorno natural que el Marn. El gobierno ha puesto de manifiesto su desinterés en esta materia al recortar más de Q64 millones al presupuesto de la cartera de Ambiente, que de por sí tiene muchas tareas sin cumplir, incluida la creación y funcionamiento del Fondo contra el Cambio Climático. Por lo tanto, agregarle funciones a un ministerio que no cumple con las actuales no es viable ni prudente, menos aún si existen los conflictos de interés de sobra conocidos.