El 14 de abril próximo deben tomar posesión los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2021-2026, y esta semana ha empezado el proceso para que el Congreso de la República, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) designen a los 10 magistrados que controlarán la máxima corte del país durante los siguientes cinco años.

La selección de los magistrados de la CC tiene vital importancia para la justicia guatemalteca porque su misión es defender el orden constitucional con total independencia de los demás órganos del Estado. Es la instancia que resuelve los grandes conflictos relacionados con la elección de autoridades, designación de funcionarios, libertades individuales y derechos inalienables, por citar algunos. Casi siempre le toca precisar sobre los límites de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de cualquier órgano o entidad estatal, y en algunos casos temas privados que tienen relación con el Estado.

En el contexto actual en que se integrará la nueva corte es necesario que desde todos los sectores que aspiran a una Guatemala en la que realmente se privilegie el imperio de la ley se fiscalicen los procesos de designación y elección. La nueva CC deberá fallar sobre muchos casos derivados de la lucha contra la corrupción y la impunidad; resolver sobre solicitudes de retiro de antejuicios, cancelación y luchas jurídicas por controlar partidos políticos; candidaturas presidenciales y la elección de Cortes postergada por el Congreso, entre otros aspectos que tendrán impacto en los ciudadanos.

En cada uno de los entes que designarán magistrados el discurso de transparencia debe convertirse en hechos y acciones. Por ejemplo: en la Presidencia, el proceso debe ser público y transparente; en el Colegio de Abogados y Notarios, el voto de los profesionales debe alejarse del acarreo de funcionarios y el condicionamiento clientelar promovido por algunas universidades; en el Consejo Superior Universitario, las decanaturas, proyectos, plazas o viajes no deben ser la moneda de cambio.

En el Congreso, donde muchos responden a sus financistas o negociaciones bajo la mesa, la vigilancia ciudadana debe ser efectiva; en la Corte Suprema de Justicia, la elección debe ser apegada a lo que la ley ordena y no a intereses sectoriales.

Además de los méritos de capacidad, idoneidad y honradez exigidos para ocupar cargos, la independencia de los magistrados se lograría al elegir abogados que no hayan fungido como defensores de casos del crimen organizado, narcotráfico, corrupción y graves violaciones a derechos humanos; que no tengan señalamientos de corrupción, procesos penales o antejuicios; que no hayan participado en partidos políticos en el último proceso electoral o que, en caso de haber fungido en alguna judicatura o magistratura, sus fallos hayan sido apegados al Derecho.

Diversas dependencias del Estado han sido cooptadas por las redes político-económicas ilícitas. Por eso la ciudadanía debe activarse e involucrarse. Mensajes como el expresado hace algunos días por el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE. UU., Michael Kozak, recuerdan que “solamente magistrados honestos e independientes deben ser electos para integrar la CC, pues la prosperidad y la seguridad de Guatemala requieren un sistema de justicia transparente y libre de influencias corruptas”.