EDITORIAL
¿Jueces beneficiarán a reos o a los ciudadanos?
Cabe preguntar cuál podría ser el interés, beneficio o motivo de cualquier juez que llegue a favorecer a antisociales que reclaman, ahora sí, derechos de los cuales privaron totalmente a sus víctimas.
Érick Abel Hernández de León está condenado a 25 años de cárcel por haber asesinado a Jennifer Fabiola López, quien se ganaba la vida vendiendo atol en el parque de Quetzaltenango. Ella no tenía con qué pagar la exacción y quiso correr. Hernández le disparó por la espalda. Con testimonios de testigos oculares fue sentenciado. Desde la prisión de Cantel, Quetzaltenango, siguió extorsionando, y para frenarlo fue trasladado al recién remozado reclusorio de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla, donde no puede seguir con sus fechorías, pero por medio de su abogado solicita que se respeten “sus derechos humanos” y que lo regresen a Cantel.
Si usted fuera el juez que recibe este recurso, con todos los antecedentes y agravantes del caso, ¿otorgaría o denegaría esa solicitud? Como ciudadano que posiblemente ha sufrido el asedio de extorsionistas o sabe del sufrimiento de víctimas y familias, ¿qué le pediría a ese juez? La petición del convicto Hernández no es la única: existen recursos similares de otros 36 presidiarios, criminales sanguinarios condenados por asesinato, extorsión, narcotráfico o femicidio, quienes invocan derechos humanos ahora que están incomunicados y no pueden continuar cometiendo tropelías ni coordinando a sus cómplices.
El 11 de noviembre último fueron trasladados 131 reos clasificados como de alta peligrosidad desde 11 penales del país, cuya conocida porosidad les permitía proseguir sus actividades delictivas, sobre todo mediante extorsiones, amenazas y órdenes por intermedio de familiares o incluso abogados. Pero esa permisividad se terminó porque en Renovación 1 no tienen derecho a ingresar pertenencia alguna. El Sistema Penitenciario les provee de todos los insumos básicos para seguir con vida, pero ahora sí están purgando pena, literalmente.
Rosendo Cervantes es otro de los presos que demandan su retorno a la prisión donde se encontraba o a cualquier otra, lo cual denota un interés malsano por volver a permisividades y privilegios, así como por seguir ejerciendo control de redes delictivas. La sola protesta de estos reclusos es una evidencia de que la reconstrucción del otrora llamado “Infiernito” está dando rápidos resultados como centro de punición, con todas las de la ley, pues los inquilinos han pasado por procesos judiciales de Derecho y sentencias en firme.
Cabe preguntar cuál podría ser el interés, beneficio o motivo de cualquier juez que llegue a favorecer a antisociales que reclaman, ahora sí, derechos de los cuales privaron totalmente a sus víctimas. No queda lejos prever que a través de terceros intenten intimidar o hacer llegar amenazas en contra de los juzgadores, pero esto debe ser afrontado con valentía y denunciado públicamente en caso suceda. El incipiente plan de cárceles de máxima seguridad se perfila ya como un fuerte disuasivo, siempre y cuando no haya resoluciones lesivas para la ciudadanía honrada.
Es importante que el Ministerio Público se ponga firme en esta situación, pues así como son tan ágiles para pedir prisiones preventivas que se extienden por más de dos años sin condena, tendrían que actuar aún con más celeridad para evitar que enemigos públicos de la sociedad, ya condenados por delitos de alto impacto, vuelvan a operar, aprovechándose de la vulnerabilidad de otras prisiones de menor seguridad. Jairo Cervantes, el reo que pidió salir de la prisión de alta seguridad, desmembró en el 2014 a un hombre en Ciudad Real, zona 12. Fue condenado y ya en la cárcel fue procesado de nuevo por extorsión. Rolando Chegüén, cabecilla de la banda los Chegüén, está condenado a 70 años por haber perpetrado robos y asesinatos.
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