Editorial
Inversión en energía potencia productividad
La electricidad más cara es aquella que no existe, y por ende cada inversión en energía, pública o privada, es de beneficio común.
La demanda de electricidad creció más de 8% entre 2023 y 2024, una evidencia del incremento de actividades productivas, ya sea comerciales, industriales o de servicios, así como una mayor cifra de domicilios conectados a la red de energía en todo el país. Hasta ahora, la respuesta del sector generador ha sido satisfactoria y suficiente para poder responder a la demanda, incluso en las épocas de mayor exigencia. Cerca de un 70% de la generación es a través de energías renovables, principalmente hidroeléctricas, y un 30% se efectúa con búnker y combustión; es decir, no renovable.
La necesidad de más desarrollo económico y productivo para poder generar más oportunidades de empleo, con todo y aumento de compañías que inviertan en el país, implica a su vez una certeza energética que se acentúa en la electricidad debido a la conectividad, la digitalización y la propia actividad en puntos de venta o servicio. Tal visión prospectiva demanda trazar escenarios de creciente generación energética, con una participación cada vez mayor de modalidades como la eólica, geotérmica o solar.
De hecho, el plan de transición de la Asociación de Generadores de Energía con Renovables deja en último lugar la inversión en hidroeléctricas, debido a los múltiples problemas que han afrontado varios proyectos, sobre todo por problemas de rechazo acicateados por grupos que, paradójicamente, suelen exigir electricidad para todos o la nacionalización de la energía, ambos conceptos inviables por insostenibles. A esta conflictividad se suman los impactos del cambio climático, que inciden en los patrones y proporciones de precipitaciones pluviales, con lo cual varían los caudales de los ríos y la disponibilidad de masa líquida para mover las turbinas generadoras.
Los generadores renovables apuestan por un crecimiento en la instalación de más centrales fotovoltaicas en varias regiones del país, además de otros campos de hélices que producen electricidad mediante el viento. Se trata de apuestas visionarias que tienen sus serios desafíos técnicos; por ejemplo, el costo de instalación y la reducida posibilidad de almacenamiento.
Tampoco puede descartarse de un plumazo la hidrogeneración, pero se necesita de un marco legal integral que no solo proteja las nuevas inversiones, sino que también provea de un porvenir a los activos ya existentes, a través de la conservación de cuencas y ecosistemas forestales, a fin de atajar los riesgos de sequías, azolvamientos y reducción de caudales. Esta no es una utopía, sino una tarea de primer orden, ya que la generación hidroeléctrica es hoy por hoy la principal modalidad que provee de electricidad a los guatemaltecos. No tiene sustitutos inmediatos, excepto la generación por combustibles, que es mucho más onerosa y contaminante.
El Instituto Nacional de Electrificación (Inde) tiene una labor fundamental en trazar y adaptar la matriz energética del país, de manera visionaria, técnica e integral. La productividad industrial futura del país necesita ser eficiente, confiable, financieramente viable y competitiva, pero para ello se requiere de un fluido eléctrico constante. Cabe recordar que hasta el negocio más pequeño de una aldea en un parcelamiento de la Costa Sur o en un caserío del Altiplano se beneficia con la disponibilidad eléctrica. Sea una tienda, un molino de nixtamal o un taller mecánico, las posibilidades de crecimiento se ven impulsadas al contar con aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y conexión a internet. La electricidad más cara es aquella que no existe, y por ende cada inversión, pública o privada, en energía es de beneficio común.
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