Si hoy se volviera a encuestar a la ciudadanía acerca de su nivel de confianza en el Congreso de la República actual, este muy probablemente obtendría un resultado similar o aún menor al 6% registrado por la Encuesta Libre de mayo pasado. La novena legislatura logró llevar a este organismo del Estado al punto más bajo de credibilidad, a causa de sus conductas aviesas, discursos sin fondo, contradicciones, incumplimientos, irresponsabilidades, pactos y conflictos de interés reflejados en decretos de pésima calidad, casuísticos, anodinos y hasta inconstitucionales.

Basta observar con qué facilidad se pudo objetar el presupuesto aprobado para el 2024, debido a sus antojadizos y marrulleros cambios de última hora, los cuales entrañaban discrecionalidades de dudosa legalidad. Lo avalaron prácticamente sin discusión, igual que otras decisiones precocidas, que también merecen revisión e incluso ser retrotraídas. La función de fiscalización fue prácticamente saboteada mediante tretas maquiavélicas en la agenda del día, lo cual frenó las interpelaciones de ministros.

Pero sin duda alguna la mayor afrenta al pueblo de Guatemala es la desidia para emitir normativas necesarias para impulsar el desarrollo integral. No hubo nueva Ley de Infraestructura ni Ley de Aguas, ni Ley de Competencia ni Ley de Compras; tampoco se intentó siquiera discutir una nueva Ley de Servicio Civil ni una nueva Ley de Tránsito, tan solo por mencionar áreas en las cuales se necesitan iniciativas inteligentes generadas a partir de diálogo técnico y consenso político. En ciertos casos hubo convocatorias para escuchar puntos de vista sectoriales y ministeriales, pero era solo pantomima mediática, pues en cada encerrona de pleno se armaba el tamal convenenciero.

Mediante simulaciones, el oficialismo de la novena legislatura retrasó por casi todo el cuatrienio la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones. Para ello contó con el apoyo de bancadas adláteres, incluyendo a los integrantes del extinto narcopartido Unión del Cambio Nacional, que siguieron figurando en directivas a pesar de la supresión del mismo. La súbita celeridad con que se desarrolló este proceso de designación, en noviembre último, denota la intencionalidad del rezago encabezado por Allan Rodríguez, en 2020 y 2021, y por Shirley Rivera, en 2022 y 2023.

Las bancadas mayoritarias del siguiente Congreso son la Unidad Nacional de la Esperanza y Vamos, con algunos integrantes nuevos y también reciclados. Las negociaciones por la presidencia de ese organismo han transcurrido sin mayores avances. A los diputados del siguiente partido oficial la instancia de jefes de bloques salientes los declaró “independientes”, por las pesquisas en contra de Semilla, suspendido en forma provisional, aunque no cancelado. Ello les impide formar parte de cualquier directiva, pese a los precedentes en la práctica.

En todo caso, la décima legislatura está obligada a cumplir con la Constitución y el mandato de la CC de dar posesión al nuevo binomio presidencial, pero, sobre todo, a acometer una agenda llena de rezagos. Es repudiable la sola idea de que exista una supuesta compra de votos por parte de ciertos aspirantes a dirigir ese organismo, pero aún más vergonzoso sería si los diputados entrantes acceden a venderse. No solo sería notorio, sino un pésimo comienzo. El próximo Congreso tendrá un contexto sociopolítico muy distinto al que su antecesor no supo, no pudo o no quiso aprovechar en favor de Guatemala y el bien común de los guatemaltecos.