EDITORIAL
Hay comisionados y hay comisionistas
Todo lo acontecido en las comisiones constituye una seria llamada de atención acerca de cómo un mecanismo legal surgido hace tres lustros ha sido vulnerado por leguleyadas.
Desde el inicio del trabajo de las comisiones de postulación para Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones fue notorio el lastre malintencionado que protagonizó una veintena de integrantes de la postuladora al retrasar el proceso con una anodina discrepancia sobre la sede de actividades y después para rebajar la exigencia de la tabla de gradación de aspirantes. Varios de ellos son actuales magistrados y era obvio su conflicto de interés, debido a que su intención de seguir en los cargos. No es difícil intuir el talante moral de tales individuos que querían ser juez y parte. Con ellos se coaligaron postuladores electos por el Colegio de Abogados, con similar intención: calificar y calificarse a la siguiente fase.
La votación para formar la nómina de Apelaciones estuvo marcada por nuevas dilaciones y hasta por desfachateces de última hora: varios de los postuladores dejaban la mesa de votación para salir a cuchichear o a recibir llamadas, se pasaban papelitos o se iban juntos al sanitario. Varios eran aquellos mismos que se confabulaban para votar alineados en los retardos iniciales. Ciertos decanos transgredieron las reglas establecidas contra cabildeos furtivos, lo cual lleva a cuestionar la calidad técnica, académica y ética de las carreras de derecho que dirigen en sus respectivas casas de estudio.
Si un decano, un magistrado o un postulador no tiene la capacidad de pensar, discernir y decidir por sí mismo, entonces quizá no era comisionado, sino un comisionista de favores, influencias o intereses. No existe otra forma de explicar esas conductas opacas, corrilleras y de abierto desacato a las recomendaciones del presidente de la postuladora de salas de Apelaciones, quien manifestó con entereza su censura contra tales procederes en una comisión designada en nombre del pueblo de Guatemala.
Con todo y los bemoles o las estridencias de desacatos públicos, así como súbitos y subrepticios acuerdos para aprobar por decreto a decenas de aspirantes, se frenó el paso a varios delfines, a conculcadores de la democracia y perfiles de nexos dudosos, aunque se colaron otros. Pero ya será una tarea legislativa culminar la definición de nuevas autoridades judiciales de cara al relevo del 13 de octubre próximo, que deberá ocurrir sin dilación, para que no se vuelva a repetir el lamentable espectáculo de cuatro años extra de la anterior CSJ propiciado por la desidia —o la conveniencia— del anterior oficialismo.
Todo lo acontecido en las comisiones constituye una seria llamada de atención acerca de cómo un mecanismo legal surgido hace tres lustros ha sido vulnerado por leguleyadas, mañas y componendas. Se hace necesaria la revisión integral de la Ley de Comisiones de Postulación para propiciar una mayor representatividad de la ciudadanía y generar mejores herramientas para verificar la exigencia de idoneidad. Otro elemento de una potencial renovación pasa por cuestionar el virtual monopolio abogadil de esta instancia, sobre todo porque el alto abstencionismo en las elecciones del Colegio de Abogados deja la selección de sus comisionados a merced de un juego de conveniencias, clientelismos y hasta francachelas con edecanes y tacos de cerdo.
No se puede soslayar el papel clave de la auditoría pública, la transmisión de sesiones en tiempo real por internet, acceso a la prensa y la presencia de grupos ciudadanos como testigos no deliberantes. Al fin y al cabo, las acciones y omisiones, las decisiones o titubeos, las eficiencias o deficiencias del Organismo Judicial impactan a todo el país, incluyendo su imagen de certeza jurídica y, por supuesto, al estado de Derecho.
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