Ninguna tragedia debería ser ajena en Guatemala. Y menos aún si se trata de un percance vial en el transporte colectivo, en el cual se pone la propia vida en manos de otros, puesto que la matanza ocurrida en la oscuridad de la madrugada de ayer en el kilómetro 172.5 de Gualán, Zacapa, pudo suceder en cualquier parte del país dados los presumibles factores de exceso de velocidad, irresponsabilidad e intentona de huida del piloto del tráiler que perdió el control en una vuelta peligrosa que pudo ser cualquier otra de la ruta al Atlántico, de la Interamericana, del Pacífico.

A la Navidad 2019 le faltarán niños en alegre espera de la medianoche, le faltarán abrazos de padres y madres cuyas vidas fueron arrebatadas en un instante aciago, tres días antes de la Nochebuena. Es imposible olvidar los gritos de auxilio de los heridos en la oscuridad. Es una agonía que no debería volver a repetirse sin que existan cambios en la normativa, sin que las gremiales de transporte propongan públicamente un protocolo interno de responsabilidad, sin que se discuta de nuevo la regulación del otorgamiento y renovación de permisos de conducción profesional.

El Gobierno expresó condolencias a través de sus redes sociales. El Presidente de la República manifestó su pesar por la matanza sucedida con un tono de grave sinceridad. Pero cabe recordar que fue el mismo Ejecutivo el que prefirió ceder, apenas el 6 de noviembre último, a la amenaza de paro de un grupo de transportista y pospuso de nuevo la implementación de dispositivos reguladores de velocidad, una medida establecida a raíz de mortales accidentes previos. El problema no es que se haya atrasado de nuevo la medida, ya aplazada una vez en mayo, sino que esta concesión se haya otorgado sin mayores compromisos gremiales para prevenir percances potencialmente letales como el de ayer.

Ciertamente es necesario que toda política de prevención vial sea integral, equitativa y que no golpee la competitividad comercial del país. Pero también es cierto que se debe reducir drásticamente el riesgo de incidentes tan dolorosos, que siegan vidas, destrozan familias, despedazan futuros y dejan, en los sobrevivientes, secuelas físicas y psicológicas prácticamente imposibles de borrar.

Las gremiales de transporte, tanto las que agrupan a propietarios como a conductores, deberían emitir un lamento público y un compromiso ético para hacer rigurosos los controles de contratación, la intolerancia hacia todo tipo de conducta aviesa y las sugerencias punitivas para una ley de Tránsito actualizada, funcional y moderna. A su vez, las autoridades de gobierno deberían dejar de perder el tiempo en procurar un negocio millonario en la emisión de licencias puesto que con ello solo generan falta de certeza jurídica y más abren la puerta a mayores riesgos de porosidad en las calificaciones para licencias profesionales.

Nuestra portada lleva un listón negro como sencilla expresión de solidaridad con las víctimas de la tragedia de Gualán y de los percances viales de este año. Se incluye, con todo respeto, la lista de fallecidos como un cuestionamiento acerca de si pudo ser evitado y quiénes podrían resultar como responsables indirectos de tan infausto suceso, porque a las puertas de los esperados festejos de la época, habrá hogares en donde no será feliz la Navidad ni venturoso el año nuevo. Y eso debe dolernos a todos.