A pesar de ser el patrimonio natural un obvio pilar de la estrategia de futuro de Guatemala en el campo turístico, económico y social, la gestión ambiental ha sido relegada sucesivamente por los gobiernos, con unas cuantas excepciones. Peor aún, en dos décadas de historia el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) no solo ha sido incapaz de liderar la conservación de los recursos ecológicos, sino que ha sido utilizado como agencia de empleos, como pretexto para pagar deudas de campaña y acomodar a allegados, que a menudo desconocen la materia.

A tal nivel ha llegado el deterioro institucional que en el gobierno pasado el ministro nombrado por Jimmy Morales dijo que no hacía falta tener conocimientos en la disciplina ambiental para dirigir esa cartera. El Marn no es la única entidad vinculada con la gestión de los recursos forestales e hídricos que se ha visto atrapada en las marismas del clientelismo, la imprudencia y la irresponsabilidad. El próximo 24 de marzo se cumplirán seis años del mediático y extraño recorrido que hizo la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti, por el Lago de Amatitlán. Estaba en marcha un proceso de supuesta limpieza que terminó develándose como un completo fraude y una pantalla para saquear el erario. Hoy esa persona purga condena por el caso, pero aquella burla tuvo una víctima colateral, el propio lago, que siguió sin recibir la debida prioridad. Poco ha cambiado desde entonces, incluso la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán es una entidad errática. Sus programas siguen siendo fundamentales, pero no han tenido la continuidad ni el respaldo político precisos para lograr una mediana recuperación de ese cuerpo de agua, que agoniza a la vista de todos.

Esa entidad tuvo períodos acéfala y la consecuencia más evidente fue la falta de coordinación en el manejo del relleno sanitario, que hace solo unas semanas se incendió y generó altos niveles de contaminación. Pero el problema es aún más profundo: la basura sigue llegando y las aguas residuales también continúan desembocando en el lago, sin que se vea una solución integral efectiva. Todos se lavan las manos, pero no quieren hacerlo en esas aguas.

Lo peor de todo es que Amatitlán es la profecía de lo que ocurrirá en el mediano plazo con el Lago de Atitlán, joya turística que se perderá irremisiblemente por la misma causa: los desagües siguen cayendo en este símbolo nacional. El impacto social y económico será exponencialmente mayor, debido a que son millones de personas las que dependen de ese recurso. Sin embargo, no se castiga a los infractores, que en muchos casos son las propias municipalidades.

El problema no es solo del Ejecutivo y las alcaldías, sino también del Congreso, plagado de negligencias e irresponsabilidades en sucesivas legislaturas. A la vista está que los diputados han abdicado de su deber de legislar con visión de Estado. Prefieren ocuparse de minucias, de agendas miopes y de pequeñas campañas sectarias, en lugar de enfrentar con seriedad su misión de representantes electos. La mención viene al caso porque no hay manera de que se discuta una ley de aguas para regular el manejo de ese recurso vital. El tiempo se agota y el agua también, pero la exigencia se diluye entre la indiferencia colectiva. ¿Hará falta que se extinga la vida del lago, que se agoten los ríos, que se llegue a necesitar hervir agua de los desagües para atender este problema?