Son tragedias con nombre y apellido, con familia, vida y sueños truncados. Son rostros de madres, hijas, esposas, hermanas, compañeras de estudio o de trabajo, profesionales, emprendedoras. Sin embargo, de alguna forma la rutina y las estadísticas parecen convertir sus ausencias en simples dígitos que se acumulan y, con ello, el volumen de expedientes inconclusos de investigación. A diario hay dos muertes violentas de mujeres en el país, una frecuencia que había disminuido en el 2020 y 2021, pero que ahora está regresando a los índices de incidencia del 2019, antes de la pandemia.

Es lamentable cada vida segada por la violencia, por los múltiples impactos, pérdidas y duelos que representa. Ello se multiplica de manera exponencial al considerar que desde julio del 2019 hasta el mismo mes del 2022 se reportaron 2 mil 145 muertes violentas de mujeres. Casi seis de cada 10 decesos fueron a causa de agresiones con arma de fuego, y el 40 por ciento en el departamento de Guatemala.

Cada gobierno plantea sus propias excusas o teorías para tratar de justificar tal mortandad. Desde luego, no logran hacerlo porque la garantía constitucional de la vida es para todos los guatemaltecos. Si bien existen algunos casos en los cuales median posibles nexos con grupos delictivos, no se puede generalizar y mucho menos culpar a las víctimas. Las agresiones intrafamiliares y la violencia machista se han convertido en serias amenazas para la vida de las guatemaltecas, porque muchos de esos ataques suceden dentro de cuatro paredes y permanecen silenciados por el temor o los prejuicios. Y aunque hay una creciente cultura de denuncia, los sistemas de protección a las mujeres agredidas son endebles y sujetos a cortes de presupuesto.

La reducción de crímenes contra mujeres exige el fortalecimiento de unidades policiales de prevención e investigación. Las alertas Isabel-Claudina se han convertido en una eficiente herramienta para la búsqueda inmediata de féminas reportadas como desaparecidas. Por desgracia, no todas logran ser halladas con vida.

Sin embargo, el abordaje de fondo debe ser multidisciplinario e involucrar un componente educativo desde los primeros grados de escolaridad. Entidades de investigación y atención a víctimas señalan que los prejuicios machistas tienen todavía fuerte arraigo, por lo cual es necesario crear conciencia en niños y jóvenes sobre el inherente valor equitativo de hombres y mujeres. Ciertos dichos coloquiales, canciones de moda, videos musicales y estereotipos denigrantes continúan circulando en el ambiente, en una anómala trivialización de antivalores. Estas distorsiones deben ser objeto de análisis, crítica y rechazo para evitar que se conviertan en actitudes y conductas agresivas. Puede parecer un proceso abstracto, casi utópico, pero que urge abordar a gran escala para lograr un avance como sociedad.

Por supuesto, también hace falta una mayor tasa de casos resueltos, con juicio y condena contra femicidas y agresores, lo cual demanda recursos económicos, institucionales y humanos, a fin de enfrentar de manera eficiente y sostenida esta mortal amenaza. No ayudan en nada las denuncias espurias de funcionarias o exfuncionarias que, para evadir la fiscalización de su trabajo, recurren a la Ley de Femicidio como parapeto, con lo cual solo desvían la atención, desperdician recursos y ponen en mayor vulnerabilidad a las mujeres que en verdad necesitan ser auxiliadas.