Fonapaz: pozo sin fondo, lesivo y oneroso
Es una vergüenza nacional que en tres gobiernos aún no se haya logrado deshacer este entuerto institucional cuyo pecado original fue la ambigüedad de su constitución legal, dependiente de la Presidencia, pero sin candados para evitar los despilfarros.
Reza el dicho que de buenas intenciones está empedrado el camino al averno. Al menos las declaradas, detrás de las cuales puede haber segundos propósitos conexos con la discrecionalidad, los conflictos de interés y hasta la ambigüedad burocrática que sirve para disimular vórtices devoradores de fondos públicos. Guatemala ha sido víctima de múltiples estafas, desfalcos, fraudes y amaños en la ejecución de obra pública. Pero, sin duda alguna, el denominado Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) constituye uno de esos tumores institucionales crónicos: un auténtico pozo sin fondo, lesivo y oneroso.
Se anunció su liquidación en enero del 2013, en el gobierno de Otto Pérez Molina. La entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti, dijo que Fonapaz tenía al menos Q1 mil millones en deudas. En diciembre se quejaba de que el presupuesto de liquidación requerido era de Q62 millones, y solo se habían asignado Q32. Pero el cáncer estaba extendido: la junta liquidadora reportó que había muchos faltantes de papelería, registros contables y constancias de pago de obras, sobre todo entre 2001 y 2011. A lo largo de ese período, dicho fondo, creado en 1991 para promover obras de desarrollo comunitario, se convirtió en un aquelarre de intereses y en un bolsón repleto de proyectos clientelares y fideicomisos fantasmagóricos.
Baste ejemplificar que a Fonapaz se le encargó el fideicomiso “Bosques para la Concordia”, mediante el cual se destinaron cientos de millones de quetzales para pagar la supuesta siembra de árboles por parte de expatrulleros civiles, a cuenta de sus “servicios a la patria”, que dejaron de ser patrióticos desde el momento en que se convirtieron en extorsivos. Nunca se tuvo auditoría de los resultados de tal siembra.
Igual ocurrió con proyectos de puentes, hospitales, caminos vecinales, alcantarillados, reparto de láminas, fertilizantes, pupitres escolares e incluso “casas tipo Baldetti”. En el 2014 se decretó que la comisión liquidadora de Fonapaz duraría seis meses “prorrogables”, y vaya si se ha prorrogado el laberinto de archivos incompletos, adeudos dudosos, proyectos mal hechos. La liquidación no ha arrojado ningún caso judicial significativo por malos manejos, pero ha costado unos Q130 millones en una década.
La continuidad de la comisión liquidadora, actualmente a cargo del Ministerio de Desarrollo, representa un rubro de gasto en personal, heredado y que se prolonga, pero cuyo plazo de duración o auditoría de rendimiento en horas laborales se desconoce. La queja recurrente es que se necesita más recurso humano para finalizar el proceso; sin embargo, tampoco logra ejecutar los fondos asignados. Es una vergüenza nacional que en tres gobiernos aún no se haya logrado deshacer este entuerto institucional cuyo pecado original fue la ambigüedad de su constitución legal, dependiente de la Presidencia, pero sin candados para evitar los despilfarros.
Varios de los directores de Fonapaz devinieron, como por arte de magia, en potentados con influencia politiquera. A estas alturas de la historia es tiempo de hallar una salida legal emergente para acabar con este esperpento, incluyendo un informe de los hallazgos y con un tiempo perentorio para reclamos de adeudos, que a estas alturas ya serían bastante extemporáneos. Las autoridades del Fondo de Desarrollo (Fodes), al cual se adscribió la Comisión, deberían presentar un reporte actualizado de la liquidación, el cual también debería implicar responsabilidades civiles o, de ser necesario, penales.